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  • Asegura que "atenderá los intereses estratégicos del Reino de España"
  • Se refiere a las autopistas de peaje y los satélites de Hispasat
  • El Gobierno puede no autorizar la operación atendiendo al "interés general"
  • Se abre a pagar todo el importe de la operación en efectivo

Cabe esperar una avalancha de reclamaciones de los perjudicados por lo sucedido en el Popular, sobre todo accionistas y bonistas. En total la entidad tenía 300.000 accionistas, de los que un tercio son pequeños inversores. Algunos incluso pidieron un crédito para comprar títulos y ahora se ven con una deuda que pagar por algo que ya no existe. Los que acudieron a la última ampliación de capital, la del año pasado, pueden reclamar sobre la base de que lo hicieron sobre unas cuentas con errores judiciales, dicen algunos abogados.