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En Estados Unidos, el partido republicano intenta zanjar la polémica sobre el aborto en casos de violación, desatada por su candidato a senador por Missouri. Todd Akin dijo que si una violación es "legítima", el cuerpo de la mujer tiene mecanismos para evitar un embarazo. Él se niega a dimitir, a pesar de que el mismo Mitt Romney se lo ha pedido.

En Estados Unidos, las declaraciones de un congresista republicano distinguiendo entre violaciones legítimas e ilegítimas han centrado las últimas horas de la precampaña. El presidente Obama y su rival, Mitt Romney, han coincidido en sus críticas e incluso dentro del partido republicano se ha pedido la dimisión del congresista.

Se lo han preguntado a más de 5.000 mujeres que han abortado ¿Si sus circunstancias fueran otras, habrían tenido el bebé? El 60% ha respondido que No, aunque su situación económica o afectiva cambiaran. El 5% abortan por problemas en el feto. Y, como ella, una de cada cuatro mujeres, habrían reconsiderado el embarazo si hubieran tenido más medios. El ministro de justicia prepara la reforma de la ley del aborto de 2010 para reforzar, señala, el derecho a la maternidad. Apuesta por recuperar los supuestos para poder abortar, en lugar de la interrupción libre que existe actualmente hasta las 14 semanas.

En China, el caso de una mujer embarazada de 7 meses obligada a abortar por la política del hijo único, ha levantado una oleada de indignación en el país. El Gobierno ha pedido disculpas y ha abierto una investigación. China, el país más poblado de la tierra, aplica desde 1979 una estricta política de control de la natalidad. Prohíbe tener más de un hijo en las ciudades y dos en las zonas rurales si la primera es niña. Si la ley se incumple se imponen fuertes multas. Esta política ha conducido a realizar numerosos abortos selectivos y forzados. Denunciar estos abusos le costó la cárcel al disidente ciego Cheng Guangcheng, ahora exiliado en EEUU. El Gobierno asegura que son casos aislados.

En Aragón, las dos clínicas autorizadas para practicar abortos dejarán de realizarlos a las mujeres que derive la sanidad pública. Aseguran que su situación financiera es crítica porque la Administración les debe más de 800 mil euros. Sólo atenderán los casos de graves malformaciones en el feto. Sanidad dice que Aragón debe "buscar fórmulas" que garanticen el acceso a todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.