Aguirre asegura al juez del caso Lezo que confiaba en González y dimitió para asumir su "responsabilidad" por nombrarle

• "Era un funcionario excelente en el que yo tenia toda mi confianza", ha dicho Aguirre a su salida de la Audiencia Nacional
• La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para el expresidente madrileño, su hermano y su cuñado

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ofrece declaraciones a los medios tras declarar como testigo en el juicio del caso Lezo. EFE/ J.J.Guillén

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este jueves tras su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el primer juicio al que fue su segundo y sucesor, Ignacio González, por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, que "por supuesto" confiaba en él y que ella misma asumió su responsabilidad política dimitiendo como presidenta cuando le enviaron a prisión provisional ya que ella le había nombrado.

"Cuando un juez no solamente le detuvo sino que le envió a prisión provisional yo dimití porque yo a diferencia de los sanchistas, asumo mi responsabilidad política y como yo le había nombrado si un juez te mete en prisión provisional es que debe tener indicios, eso no quiere decir que yo le quite la presunción de inocencia a González", ha asegurado en declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados.

Aguirre ha dicho que "mientras no le condenen" para ella "la presunción de inocencia sigue existiendo" y ha negado haber tenido contacto con él a lo largo de los últimos años. "No, ningún contacto, Ninguno, porque si él no me da explicación", ha agregado. Y preguntada por si se siente defraudada ha dicho "imagínese, si he estado con González en Ayuntamiento de Madrid, en el Ministerio de Educación y en Cultura le nombré subsecretario y luego en la Comunidad de Madrid era un funcionario excelente en el que yo tenía toda mi confianza".

A preguntas de la acusación, que ejerce el PSOE, en relación con su declaración en la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid sobre el caso Lezo, y en concreto por la cancha de golf que se instaló encima de un depósito del Canal de Isabel II, Aguirre ha dicho que aunque han pasado 20 años, recuerda que había un tercer depósito del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí que "tenía sólo hierba encima", de cuya existencia supo cuando trabajaba como funcionaria técnico de información y turismo.

La cancha de golf surgió de un viaje a Tokio

Según ha explicado ante el juez, durante un viaje oficial a Tokio conoció la práctica de golf en canchas y ante la existencia de ese espacio de 9 hectáreas, con Joaquín Leguina todavía en el Gobierno, llamó al gerente del Canal que era ingeniero de caminos y le preguntó si podrían instalar la cancha, pero le dijo que era "muy difícil" porque habría que reforzar las vigas dañadas por el agua. Cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003, volvió a preguntar y entonces le dijeron que sí se podría hacer y que además podía venir muy bien hacer este polideportivo.

La instalación de un helipuerto habría sido algo "muy molesto para los vecinos y hacer un parque le pareció muy buena idea", ha dicho Aguirre que, aunque "es verdad que hicieron unas redes muy altas" cuando ella ya no estaba en la Presidencia, "no era solo una cancha de campo de golf", también dos campos de fútbol y pistas de pádel entre otras instalaciones.

Preguntada por si canalizó este proyecto a través de Ignacio González ha dicho que aunque no lo recuerda con exactitud, cree que tuvo que ser así porque entonces era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II. Cuando el Ayuntamiento de Madrid paralizó la licencia de la obra, Aguirre ha dicho que le pareció mal: "Es público que el señor Gallardón y yo somos amigos pero en política tenemos discrepancias, dije como es posible que no se considere de interés general que los vecinos de Chamberí tengan un parque porque ahí había una pista de atletismo, pistas de balonmano, futbito, campos de fútbol siete, un parque infantil, me parecía muy positivo en vez de tener un helipuerto para que el ministro Bono fuera a su casa".

Las declaraciones ante el juez que estaban previstas este jueves han terminado minutos antes de las 12:30 horas y el juez ha emplazado a las partes en el juicio a la siguiente sesión que se celebrará el 4 de noviembre.

Anticorrupción pide seis años de prisión

Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión tras ser detenido en 2017, está acusado en esta pieza del caso por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006. Ocurrieron cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía el Canal de Isabel II.

En concreto se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II. También se juzga un contrato para la gestión de explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.

La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, su hermano y su cuñado. La misma pena se solicita para otros dos acusados, uno de ellos el entonces director gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

En su escrito de acusación la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó en 2003 un concurso para la remodelación de su depósito de agua de la avenida de Filipinas de Madrid. El proyecto contemplaba la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.

La modificación del proyecto: un campo de golf con césped artificial

La fiscal explica que en 2004 Ignacio González e Ildefonso de Miguel impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero. Para ello, eliminaron el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyeron un campo de golf con césped artificial.

Y añade que convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado. Pusieron como condición que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT). Los socios de esta firma eran los otros tres acusados: José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E.

Según la fiscal, estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González, ostentaban su titularidad en esa sociedad a través de personas interpuestas. Lo hacían con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Agrega que Canal de Isabel II convocó en 2006 otro concurso para la gestión de explotación de esas instalaciones deportivas. El 27 de diciembre de ese año el Consejo de Administración del ente público acordó su adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por TCT y otras dos sociedades por 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco años.

Concluye que "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con al menos 504.780 euros de fondos públicos asignados a tales contrataciones".