El macrojuicio por el brote de listeriosis en carne mechada con cuatro muertos y 240 intoxicados se retrasa
- Estaba previsto que el juicio arrancase este viernes, pero finalmente se ha aplazado al lunes 26 de octubre
- Seis acusados de comercializar productos contaminados se enfrentan a delitos contra la salud y homicidio imprudente
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El juicio por el mayor brote de listeriosis en España- el caso del conocido como 'caso Magrudis- tenía previsto arrancar este viernes, pero finalmente se ha retrasado por una cuestión técnica y se iniciará el próximo 26 de octubre, según han confirmado fuentes judiciales a RTVE.
En 2019 se produjo este caso de carne mechada contaminada que llegó a provocar cuatro muertos, unos 240 intoxicados y siete abortos. El Ministerio de Sanidad declaró entonces ante su magnitud la alerta sanitaria nacional.
Siete años después, se celebrará en la Audiencia de Sevilla el juicio por posibles delitos contra la salud pública, homicidio imprudente y lesiones, que se alargará hasta el 27 enero de 2027 con más de 40 sesiones.
Seis personas están acusadas de comercializar productos contaminados y de ocultar información: cuatro miembros de la familia que gestionaba la empresa Magrudis, el arquitecto técnico de la empresa y una técnica veterinaria municipal.
El Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla ha declarado responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, junto a la compañía de seguros AXA.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de los casos de intoxicaciones por listeria registrados en diferentes comunidades autónomas, causados por la bacteria denominada 'listeria monocytogenes' y asociada al consumo de carne mechada de la marca 'La Mechá'.
La Fiscalía pidió en sus conclusiones provisionales penas de unos diez años de prisión y distintas multas para los dueños de la empresa sevillana Magrudis, entre otros acusados, por el brote de listeriosis.
Los acusados sabían el proceso de elaboración con "deficiencias sanitarias"
De acuerdo con el relato fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los principales acusados sabían que estaban llevando a cabo un proceso de elaboración "con deficiencias sanitarias" y riesgo "grave o muy grave" para los posibles consumidores en caso de comercialización.
Al respecto, según la acusación pública, no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía, por lo que lo "ocultaron de forma deliberada".
Ello implicó que un producto nocivo para la salud fuera puesto en el mercado por los acusados, se perdiera el dominio sobre el riesgo creado y se causaran daños graves de diversa consideración, "eludiendo todas las obligaciones legales para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes".
La Fiscalía también apuntó a la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, que debería a su juicio asumir las consecuencias de su inacción por su "acción deficiente y tardía", por cuanto supuso de funcionamiento anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido.
