Familiares de los fallecidos en residencias en la pandemia denuncian retrasos en la justicia y piden investigar más
- Se han cumplido dos años de la denuncia colectiva por "denegación discriminatoria del acceso a la sanidad"
- Dicen que hay causas cerca de la prescripción y no descartan ir al Tribunal de Derechos Humanos
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Las familias de los fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia han denunciado retrasos en sus causas judiciales, aumentando el riesgo de que prescriban o sean archivadas sin que se hayan llevado a cabo diligencias.
En una rueda de prensa en la capital, las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han explicado que se han cumplido seis años de los hechos y dos años desde que se puso una denuncia colectiva —ante un presunto delito de denegación discriminatoria del acceso a la sanidad por parte de antiguos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso— "sin que se haya celebrado ni un solo juicio".
"Después del maltrato institucional hacia las víctimas y las familias, de la inacción, tenemos la esperanza de que algunos juzgados sigan adelante. Pero esa macrocausa llegará cuando muchos querellantes se hayan quedado por el camino, bien porque hayan archivado los procesos, hayan desistido, sus causas estén en el Constitucional o hayan fallecido", ha indicado la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, que ha recordando la reciente muerte de una de las denunciantes.
"La justicia no está dando la talla", ha señalado, por su parte, la presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, María Jesús Valero, que considera que los fallecidos fueron "abandonados a una muerte cruel por una decisión política".
Una denuncia colectiva divida en 109 procesos diferentes
El motivo, han explicado los abogados de las familias, Carlos Castillo y Alejandra Jacinto, ha sido que tras presentar la denuncia colectiva de 118 personas ante la entonces fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, esta decidió "su fragmentación" en 109 diligencias diferentes, "una por cada víctima".
Por tanto, cada causa depende de un juzgado madrileño diferente, han continuado, llevándolas por caminos diversos pese a que "los hechos denunciados y los responsables señalados eran los mismos". En este sentido, ha indicado Carlos Castillo, hay 39 causas abiertas en Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid, 18 causas que están pendientes de recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid, 14 que se encuentran en el Tribunal Constitucional recurridos los archivos, 10 procedimientos judiciales archivados por la Audiencia Provincial y otros tres procedimientos abiertos que no están representados por los abogados de las asociaciones.
"La división ha hecho que exista un atasco y un enorme retraso judicial en la causa y la investigación que está lastrando la causa. La consecuencia más grave es que el 8 de octubre de 2026 la Audiencia provincial confirmo el archivo por prescripción de uno de los procedimientos", ha relatado sobre uno de los procedimientos llevados a cabo en Arganda del Rey.
Esperanzas en el juzgado número 3 y sin descartar el TEDH
Entre los procedimientos abiertos, solo el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha abierto una investigación, según los familiares, por lo que esperan que otras causas puedan agruparse y seguir adelante con el proceso. El 26 de mayo del 2025 estaban citados a declarar como investigados los ex altos cargos del Gobierno madrileño relacionados con los protocolos en residencias (Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño), pero sus comparecencias se suspendieron para trasladar la documentación a las defensas. Desde entonces, no se ha celebrado la vista.
En una declaración, Perodomingo dijo que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" al excluir por patologías y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, el entonces responsable que firmó el protocolo. Durante la pandemia, murieron 7.291 mayores que residían en centros de la Comunidad de Madrid, que no fueron trasladados a centros hospitalarios.
La abogada Alejandra Jacinto ha criticado los "obstáculos y trabas burocráticas" y ha reprochado una "falta de comprensión" de los jueces que "se quedan únicamente en el protocolo" sin investigar los hechos que se denuncian, por qué no se medicalizaron las residencias, no se trasladó a los afectados al Hospital de IFEMA o no se desplazaba a hospitales algunas personas que no tenían seguro privado. "Piden un informe médico forense que dice que el trasladado de esa persona al hospital no hubiera garantizado su vida y se entiende que no se ha consumado el delito", ha lamentado.
Ha calificado, asimismo, de "inaudito" que "ningún juzgado ha recibido el plan de choque contra el COVID-19 del Gobierno de Ayuso que contemplaba medicalizar las residencias". "Basta ya. No se puede seguir torpedeando investigaciones judiciales de estas características en las que en muchos casos no se ha investigado absolutamente nada", ha insistido.
Al cierre del acto, una de las denunciantes y familiar de una de las víctimas ha avisado: "estamos preparados para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si aquí no se encuentra justicia". "Y si nos morimos muchos en el camino por nuestras edades y enfermedades, nuestros hijos y nietos están preparados para seguir adelante con esta lucha", ha sentenciado.
