Más de 80.000 hectáreas se riegan en España con agua robada, según una investigación de WWF
- Mejora la situación en el Mar Menor, aunque muchos regantes ilegales se "mudan" a Albacete
- También desciende el regadío ilegal para frutos rojos en Doñana, si bien aumenta el cultivo intensivo de olivos
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Unas 80.000 hectáreas, más que la superficie de la ciudad de Madrid o que la isla de Menorca, se riegan en España con agua extraída ilegalmente en los "seis puntos negros del robo del agua". Así lo denuncia la organización ecologista WWF en un exhaustivo estudio publicado este miércoles.
En su investigación, que han llevado a cabo durante un año y medio, analizan el robo por parte de los agricultores de los recursos hídricos en seis zonas críticas: el Alto Guadiana (Castilla-La Mancha), Almonte-Marismas (Doñana), el acuífero de Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), el Campo de Cartagena (Región de Murcia) y la zona Sureste (Albacete, Alicante y Almería).
Destaca especialmente el Alto Guadiana, la región donde se ubican Las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera, y donde 39.000 hectáreas de superficie de regadío se abastecen de agua extraída con "claros indicios de ilegalidad". Se sitúa así como "el epicentro del robo del agua en España", según los datos del estudio, recabados en 2023 y 2024.
"Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España", ha apuntado la responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil.
Desciende el riego ilegal en el Mar Menor y aumenta en Albacete
WWF ya realizó en 2021 un primer estudio sobre la extracción ilegal del agua, y en este profundizan su investigación con un mayor foco territorial. Desde el último informe hasta ahora ha habido "novedades positivas", como la reducción del regadío ilegal en el entorno del Mar Menor o en el acuífero de Los Arenales, mientras que "en otros casos el problema no solo se enquista sino que aumenta", según explica a RTVE el portavoz de la organización Juanjo Carmona.
En este segundo apartado se enmarcan "casos muy preocupantes", como el de la comarca granadina de Baza, uno de los puntos negros más desconocidos. Calculan que aquí un 62 % del total de la superficie regada se abastece con agua ilegal y que aquí desde hace años sus fuentes de agua "se están secando por la sobreexplotación".
También ha alertado sobre la situación de Albacete, donde "se está mudando gente que tenido problemas con ilegalidades" en otros lugares, como el Campo de Cartagena. El aumento del regadío ilegal en la provincia castellanomanchega, donde se riegan unas 11.500 hectáreas de manera irregular, está íntimamente relacionado con el descenso en el Mar Menor.
Tras los distintos casos de eutrofización o "sopa verde" en los últimos años -en 2016, 2019 y 2021-, las distintas administraciones comenzaron a actuar con mayor contundencia contra los cultivos ilegales, principales responsables del exceso de nutrientes en la laguna protegida.
En 2020 se adoptó la ley del Mar Menor y en 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM). Desde entonces, se ha registrado una notable caída de la superficie y del volumen de agua extraído de forma presuntamente ilegal.
Concretamente, cae un 65% el volumen de extracción de agua subterránea con claros indicios de ilegalidad, y se han reducido las hectáreas regadas ilegalmente de 11.000 a 3.271 entre 2019 y 2024, según el análisis de WWF.
Cultivos en el Campo de Cartagena WWF
Doñana: menos robo de agua para los frutos rojos
El caso de Doñana es llamativo. Tras la polémica por la propuesta de ley en Andalucía que pretendía aumentar regadíos en el entorno del parque nacional, en 2023, ha disminuido el número de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos en la masa de agua subterránea de La Rocina, una de las zonas del acuífero más explotadas.
WWF observa también "progresos importantes" en el entorno de Doñana en relación con el seguimiento y el control del uso del agua destinado al riego de cultivos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Aun así, Carmona cree que los esfuerzos de este organismo, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, "van muy lentos". "Se están cerrando unas 90 hectáreas al año de frutos rojos y todavía nos quedan 300, por lo que tenemos que esperar casi cuatro años" para su eliminación completa, cita .
Aunque se cierren hectáreas de frutos rojos, el portavoz de la organización señala que se está dando por otro lado "un crecimiento del olivo intensivo en otras zonas del acuífero". Este desplazamiento de cultivos hacia otros con gran consumo de agua es una situación generalizada, denuncia la ONG.
Todas las zonas analizadas han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una "agricultura industrializada de regadío superintensivo", señalan, y denuncian que esta transformación "ha sido promovida con ayudas públicas, lo que ha conllevado un aumento de la superficie en regadío y un mayor uso de los recursos hídricos". Esto provoca un "efecto llamada" para extraer recursos ilegalmente, critican.
Cultivos en el entorno de Doñana WWF
Sale rentable mantener un cultivo ilegal y pagar la multa
Para el portavoz de WWF Juanjo Carmona, más allá del número de hectáreas, el problema principal del robo de agua es que es "económicamente rentable". Aunque las administraciones ponen multas, estas tardan tanto en llegar que el cultivo ha dado ya rendimiento, explica.
"La normativa permite que puedas estar años explotando sin que haya un cierre", señala. "Hay que pedir que se dote a las confederaciones de las herramientas legales, de recursos humanos y materiales", reclama, y recuerda que "si se tarda siete años en cerrar un pozo en un cultivo de alto rendimiento sale rentable continuar".
"Necesitamos un marco que permita el cierre inmediato y cautelar de hectáreas ilegales y pozos ilegales", remata.
