El CES pone el foco en la dimensión social de la contratación pública para impulsar el empleo y la economía del territorio
- La jornada analiza cómo la contratación pública puede dinamizar la economía y el empleo inclusivo
- La reserva de contratos permite favorecer a entidades de economía social
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El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y Fundabem han abordado en Ávila el potencial de la contratación pública para generar actividad económica y empleo más allá de la prestación del propio servicio. La jornada, celebrada en la Fundación Tatiana, ha puesto el foco en la dimensión social de los contratos públicos y en herramientas como la reserva de contratos para entidades de economía social.
La contratación pública, más allá del precio
El presidente del CES, Enrique Cabero, ha defendido que la contratación pública no debe analizarse únicamente desde el punto de vista económico. A su juicio, los contratos de las administraciones pueden servir también para reforzar determinados ámbitos sociales y favorecer la igualdad de oportunidades.
La legislación española incorporó esta dimensión social a raíz de las directivas europeas aprobadas en 2014 y de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, según ha explicado Cabero durante la jornada: “Toda contratación pública, además de cumplir en sí misma una finalidad de servicio público, debe tener una dimensión social.”
El CES considera que todavía hay margen para desarrollar algunas de las herramientas previstas en la normativa, entre ellas la reserva de contratos, que permite dirigir determinadas contrataciones de forma específica hacia organizaciones y entidades con una finalidad social.
Contratos reservados para la economía social
Uno de los ejemplos expuestos durante la jornada ha sido el de Salamanca, donde se ha desarrollado una instrucción específica para aplicar la reserva de contratos en la Administración municipal.
Arturo Santos, secretario general técnico de Adesocial, la agrupación de empresas de economía social de Salamanca, ha subrayado el papel que tienen en este proceso los trabajadores técnicos de las administraciones, responsables de preparar los pliegos y ejecutar los procedimientos de contratación: “Esta reserva de contratos para las Administraciones Públicas no es potestativa, es obligatoria. Con lo cual deben cumplirla.”
La reserva puede beneficiar a centros especiales de empleo de iniciativa social, que trabajan con personas con discapacidad, y a empresas de inserción, dirigidas a personas en riesgo de exclusión social.
Impacto económico y empleo inclusivo
Los participantes han defendido que este tipo de contratación puede generar un retorno que va más allá del propio servicio contratado. Según Santos, el empleo generado por estas entidades también contribuye a reducir la necesidad de determinadas ayudas sociales al facilitar la incorporación de trabajadores al mercado laboral.
La jornada también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizar estas herramientas para reforzar la actividad económica en el medio rural y favorecer la igualdad de oportunidades.
El objetivo, según el CES, es avanzar en una contratación pública que, además de responder a las necesidades de las administraciones, tenga en cuenta su impacto sobre el empleo, la inclusión social y el desarrollo del territorio
