El calendario de la amnistía: ¿cuándo entra en vigor y cuándo podrán volver los que están fuera?

• La norma entrará en vigor el día en que se publique en el BOE que podría ser ya este mismo viernes
• Serán los jueces de las causas relativas al 'procés' quienes la apliquen en un plazo máximo de dos meses

¿Cuáles son los siguientes pasos una vez aprobada la ley de amnistía?

La ley de amnistía ha superado este jueves su último trámite parlamentario. Tras la aprobación inicial en el Congreso y el posterior veto en el Senado, la medida de gracia regresó a la Cámara Baja, donde el Gobierno y sus socios parlamentarios han hecho valer su mayoría absoluta y han aprobado la norma, 200 días después de que el PSOE la registrara en solitario.

¿Cuándo entrará en vigor?

Una vez aprobada definitivamente la ley de amnistía por el Congreso, solo queda que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la norma, algo que según fuentes del Gobierno a EFE no sucederá este mismo viernes, pues la previsión es que se haga a partir de la próxima semana.

Después de la aprobación definitiva por parte del Congreso, habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes. Luego vendrá la publicación en el BOE, y solo entonces entrará en vigor ese mismo día, pero su aplicación no será automática.

¿Cómo y cuándo se aplicará?

A partir de que la ley es publicada en el BOE, los órganos judiciales que conozcan de las causas relativas al 'procés' tienen un "plazo máximo de dos meses" para aplicarla "con carácter preferente y urgente".

Expertos consultados por RTVE.es han señalado que los efectos de la aplicación de la nueva ley no serán automáticos, como se podría pensar, porque, en todo caso, serán los jueces competentes los que tendrán que proceder a archivar los procedimientos, y solo ocurrirá cuando estudien cada caso, algo para lo que tendrán los mencionados dos meses.

El primer paso exige "el inmediato alzamiento" de las medidas cautelares que se hubiesen adoptado por "acciones u omisiones comprendidas en el ámbito objetivo de la ley", así como de cualquier medida que implicase "la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas".

No obstante, lo que sí que tendrá que ser de aplicación "inmediata" es el "alzamiento de cualesquiera medidas cautelares" fijadas para las personas "beneficiarias" de la ley. En este sentido, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Arán, apunta que el juez que esté conociendo la causa tiene que redactar un auto para acordar el levantamiento de esas medidas.

¿Cuándo podría regresar a España Carles Puigdemont?

Según los juristas consultados, es "difícil" determinar cuándo podrían regresar a España los líderes independentistas que permanecen fuera de España por el 'procés'. Es el caso del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, uno de los principales beneficiarios de la medida. En el caso del líder Junts, pesa sobre él una orden nacional de detención.

En virtud de la ley, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que fue quien cursó la orden de detención de Puigdemont, debería levantar esa medida. García Arán apunta que con la entrada en vigor de la ley de amnistía "quedan suspendidas" las órdenes de busca y captura, pero recuerda que hasta que no haya un auto de levantamiento de la medida, seguiría en vigor la orden de detención.

También el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, explica que mientras un juez no redacte un auto que suspenda esa orden de detención, la policía debería proceder al arresto de Puigdemont en cuanto pise suelo español.

Sin embargo, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, José Manuel Chozas, cree que al quedar levantadas las medidas cautelares, Puigdemont podría volver a España el mismo día en que entre en vigor la ley de amnistía.

Lo que no está claro es que pasará si el Supremo, el tribunal que investiga el caso de Puigdemont, plantea una cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad, porque podría no levantar las medidas cautelares hasta que no haya un pronunciamiento.

¿Y el resto de líderes independentistas?

Todos los expertos juristas consultados resaltan que cada caso es diferente, porque no todos están acusados de los mismos delitos y no todos podrían beneficiarse de la medida de gracia. En este caso, recuerdan que quedan fuera de la ley de amnistía los delitos más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal.

En el caso del terrorismo, se señala que quedan sin cobertura "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo" según la directiva europea de 2017 y que, a su vez, hayan causado "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos".

Y en el caso de la malversación, estará cubierto por la medida de gracia "únicamente" cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el 'procés' y "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento".

¿Qué pasará a partir de la aprobación de la ley de amnistía?

Con la aprobación y publicación en el BOE de la ley de amnistía, se abren tres escenarios posibles. En el más favorable para Puigdemont, pero el más "improbable", según Chozas, se le aplicaría la ley de amnistía sin más y podría regresar en un plazo breve, que no se atreve a vaticinar.

Sin embargo, la posibilidad "más razonable" que podría darse, según el catedrático de la UCM, es que un juez presente una "cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerar que pudiera haber colisión con el derecho de la Unión Europea. En este caso, seguiría todo igual como hasta ahora. Es decir, no se levantarían las medidas y Puigdemont podría ser detenido si regresa a España.

Otra opción posible es que un juez presentase una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), por considerar que choca con la Constitución, por lo que también quedarían suspendidos los efectos de la ley de amnistía.

Si se acude al Tribunal de Justicia de la UE, a juzgar por lo que ha ocurrido en otras cuestiones prejudiciales en el pasado, podría pasar un año u año y medio hasta que el mencionado tribunal resuelva.

En el caso de acudir al Tribunal Constitucional, no se prevé que pueda resolver antes de seis meses, aunque podría llevar también años. Así, los juristas consultados recuerdan lo que sucedió con el recurso del Estatut catalán, que pasaron cuatro años hasta que el TC se pronunció, o con el recurso contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que el Alto Tribunal tardó 13 años en tener una resolución.