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La Fiscalía rechaza imputar a Belarra y a toda la Ejecutiva de Podemos en el 'caso Neurona'

  • Rechaza el recurso de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas Essard contra un auto del juez Escalonilla
  • También rechaza pedir pruebas relacionadas con Juan Carlos Monedero

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Ione Belarra y Pablo Iglesias
Ione Belarra y Pablo Iglesias, durante un Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha rechazado extender la imputación en el caso 'Neurona' a toda la Ejecutiva de Podemos y a la recién nombrada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tal y como había pedido la exsenadora del partido Celia Cánovas Essard.

En una nota, el Ministerio Público ha rechazado el recurso de Cánovas contra el auto en el que el juez´del caso, Juan José Escalonilla, decretó el archivo provisional en el caso de los presuntos sobresueldos de la gerente y tesorero de dicha formación política, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente. Un recurso donde pedía también extender la imputación a Belarra y a toda la Ejecutiva del partido.

La Fiscalía ha rechazado admitir el recurso incidiendo en que "no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado" y entiende también que "lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos respecto de los que no existía indicio alguno de su ilicitud".

Añade que dado que la normativa del partido atribuye a la gerencia la gestión de recursos humanos y gestión patrimonial, "existen dudas razonables de la tesis de la ahora recurrente considerando además la intervención de la gerente en los órganos económicos del partido".

No hay delito y el interés de la recurrente "excede" el ámbito de la investigación

Además, reseña que "aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado dado que el partido no se considera como tal a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas".

Asimismo subraya que la cuestión relativa a si es o no ético o si se incumplieron las normas internas "podrá ser discutido en otros foros pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial".

En este último punto, el magistrado concluye que dicha petición evidencia que el interés de la recurrente "excede" del ámbito de esta investigación. "Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos", subraya la Fiscalía.

Rechaza pedir pruebas relacionadas con Monedero

Lo acordado respecto al recurso de Cánovas es uno de los cinco puntos que aparecen en la nota de la Fiscalía. En otro, se ha opuesto a determinadas pruebas relacionadas con el que fuera fundador de Podemos Juan Carlos Monedero que había pedido Vox.

En concreto, rechaza la petición de requerir los libros contables entre 2017 a 2020 del administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, investigar el movimiento de sus cuentas corrientes y otras relacionadas con los ingresos del que fuera fundador de Podemos.

El Ministerio Público considera que algunas de estas diligencias son "claramente innecesarias", mientras que las referidas a "no son objeto de este procedimiento", según una nota emitida por la Fiscalía de Madrid que resume estas actuaciones.

Respecto al resto de puntos de la nota, la Fiscalía impugna igualmente la Fiscalía el recurso de reforma interpuesto por Vox contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional en relación con la investigación de los sueldos de la gerente y tesorero de Podemos.

Impugna igualmente el fiscal el recurso de Podemos contra el auto del juez en que se acordaba la práctica de diligencias a la luz de la documentación aportada por la ex responsable de cumplimiento normativo de dicha formación Mónica Carmona, una de las ex empleadas de la formación cuya denuncia dio origen al procedimiento.

Finalmente, la Fiscalía se opone a la petición de Vox de incluir a la investigación varios documentos aportados por una testigo relativos a expedientes sobre la contratación o el uso fraudulento de los fondos de la caja de solidaridad.