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Presuntas culpables: víctimas de la criminalización de los abortos espontáneos en El Salvador

  • En El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos
  • Mujeres jóvenes, pobres, de pueblos o barriadas son encarceladas tras emergencias obstétricas, acusadas de homicidio agravado

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Presuntas culpables: la criminalización de mujeres por abortos espontáneos en El Salvador

Imagínese en esta situación. De pronto se encuentra mal, va a la letrina, siente algo que resbala. Quizás le da tiempo a llamar a alguien y se desmaya…… Cuando despierta, está tumbada en una camilla y esposada a ella…. Y la primera pregunta que le hacen es por qué ha matado a su hijo. Sin tener en cuenta ni su confusión ni su estado, la policía la arresta. Se la acusa de aborto y puede ser condenada hasta 40 años de cárcel por homicidio agravado.

Quizás piense que una situación poco verosímil o imposible, pero, por desgracia, es real en El Salvador. En este momento, 21 mujeres están en la cárcel por este motivo. Son “Las 17 y más”, por las que abogan organizaciones como la salvadoreña Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y Amnistía Internacional. Con su apoyo, algunos casos han sido revisados y han quedado en libertad.

Este ha sido el caso de María Teresa Rivera, a la que, junto con su hijo, Suecia concedió asilo en 2017. También han recobrado la libertad de Teodora Vázquez, Evelyn Hernández, Maira Figueroa, Elsi Rosales, Imelda Cortez…. Y todas ellas se han sumado a la lucha para que se revisen los casos y se libere a las mujeres que siguen en prisión por circunstancias similares a las suyas.

Todas ellas comparten, como subraya María Teresa, un mismo perfil: mujeres jóvenes, pobres, de zonas rurales o barriadas, con estudios elementales, atendidas en hospitales públicos, denunciadas por un vecino, un policía, un sanitario o incluso por un familiar. Entre las acusadas y condenadas tras una emergencia obstétrica, un aborto involuntario, un “mal parto”, no hay salvadoreñas ricas. Si hubiesen sido tratadas en un hospital privado, probablemente nunca hubiesen acabado en la cárcel con una condena de 30 ó 40 años.

Más violencia durante la pandemia

Con la pandemia del Covid-19, además, ha aumentado la violencia contra las mujeres y, en particular, los casos de criminalización por aborto y complicaciones obstétricas. Según Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana para Despenalización del Aborto: “Se han incrementado los embarazos de niñas y adolescentes y los feminicidios, los cuales siguen apareciendo en los medios de comunicación como crímenes pasionales, producto de los celos, de las situaciones de pareja. Sin embargo, se estima que sólo 6% de las mujeres que sufren violencia acuden a denunciar a las instituciones”.

Con el Coronavirus se han incrementado los feminicidios y los embarazos de niñas y adolescentes

Además, también se han incrementado las denuncias en los hospitales públicos contra mujeres, adolescentes e incluso niñas que han sufrido complicaciones obstétricas o un aborto. En algunos casos, indica Morena Herrera, el personal médico les avisa y el equipo jurídico de la Asociación interviene y logra, en algunos casos, que no se les abra juicio o se las pueda sacar en las primeras fases del proceso judicial. En algunos casos, se está planteando que el Estado salvadoreño debe repararlas por el daño causado por los errores judiciales.

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El Salvador no es lugar para mujeres

En una céntrica plaza de la capital salvadoreña, se alza el monumento a la Constitución. Una figura femenina, con los ojos cerrados, una espada en la mano derecha y una balanza en la izquierda. Una justicia ciega que, en El Salvador, uno de los países más violentos de América Latina, se ensaña con las mujeres y parece que importan más lo no natos que los nacidos.

Según Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana para Despenalización del Aborto: “En El Salvador sigue habiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres y, en particular, de las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza. Sigue siendo el país más violento y más impune. En los casos de agresiones y violencia contra las mujeres el atenuante es una práctica frecuente, incluso en los casos de feminicidio”.

En El Salvador se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres

El Salvador es uno de los 19 países del mundo y uno de los seis de América que no admite ningún supuesto de aborto. En 1998, con la reforma el Código Penal, desaparecieron los tres supuestos admitidos hasta entonces: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Al año siguiente, se reforma la Constitución y se introduce una nueva línea en artículo 1, por la que se “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

En los últimos 20 años, las pocas iniciativas para reintroducir algunos supuestos no han cuajado en la Asamblea Nacional, en la que pesa la presión de las iglesias, y de los poderosos grupos “pro vida”, respaldados por una sociedad muy conservadora. En 2018, una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) preguntó sobre tres supuestos: un embarazo extrauterino que pone en riesgo la vida de la madre, un embarazo de tres meses en el que sabe que el bebé no tiene cerebro y el caso de una niña de 11 años embarazada por la violación de su tío. En los dos primeros casos, la encuesta señala una opinión dividida casi la mitad entre los que consideran que se debería permitir un aborto y lo que lo rechazan. En el último caso, el 70 por ciento se opone a que se permita a la niña abortar