Los doce líderes independentistas que se sentarán en el banquillo del Supremo en el juicio del 'procés'

Oriol Junqueras, Carme Forcadell y 'los Jordis' se enfrentan a las penas más altas como "promotores" de la presunta rebelión
Están procesados además ocho exconsellers de la Generalitat, cinco de ellos también en prisión | Gráfico: Quién es quién

01.02.2019 11:00 horas

Por ANA MARTÍN PLAZA

Quiénes son los doce líderes independendistas que se sientan en el banquillo del Supremo

Los doce líderes independentistas que se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo en el juicio del procés son el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers: Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.

La Fiscalía les acusa de rebelión, malversación y desobediencia grave -aunque a ninguno de los tres delitos a la vez y de rebelión solo a los nueve primeros- por presuntamente diseñar y ejecutar una "estrategia" basada en la "actuación convergente" entre Govern, Parlament y las entidades sociales soberanistas para "fracturar el orden constitucional" con el fin de conseguir la independencia de Cataluña.

Para ello, argumenta el Ministerio Público, "contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria (...) valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada por las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente".

Esta estrategia tenía tres "pilares básicos", según la Fiscalía: el parlamentario, para permitir la tramitación y aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas "abiertamente inconstitucionales"; el ejecutivo (Govern) como responsable de la convocatoria y celebración del referéndum ilegal del 1-O y la puesta en marcha de las estructuras de la futura república; y el social para impulsar una "movilización social como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república".

La Abogacía del Estado los acusa de sedición en lugar de rebelión porque considera que no hubo uso de violencia -habla de "incidentes contra el orden público"-, mientras que Vox, personada como acusación popular, sí habla de rebelión y les atribuye, además, el delito de organización criminal. Las defensas de todos ellos piden su libre absolución.

La petición de penas para cada uno de los doce acusados

Las mayores peticiones de penas son para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament y de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, el sucesor de esta última al frente de la ANC, Jordi Sánchez, y el actual presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como "principales promotores" de la estrategia.

La Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión con distracción de caudales públicos para Junqueras y 17 por rebelión para Forcadell, Sánchez y Cuixart. La Abogacía pide 12 para el exvicepresidente por sedición y malversación; y 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. Vox reclama 74 para Junqueras por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación y 62 para los otros tres. Los cuatro están en prisión preventiva.

Los cinco exconsellers que también están en la cárcel -Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa- forman un segundo grupo de acusados. La Fiscalía pide para ellos 16 años de cárcel por rebelión con distracción ilegal de fondos públicos; la Abogacía, 11 años por sedición y malversación; y Vox 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Por último, se sientan en el banquillo otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila- para los que la Fiscalía y la Abogacía piden 7 años y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave. Vox eleva la petición a 24 años al añadir el delito de organización criminal.

Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), en prisión desde el 2 de noviembre de 2017, participó en las reuniones celebradas en 2015 y 2016 entre miembros del Govern y líderes independentistas y en las que se decidió convocar un referéndum unilateral, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Como vicepresidente de la Generalitat asumió la planificación y ejecución del referéndum del 1-O y, días antes de su celebración, estuvo presente en la reunión en la que los Mossos recomendaron suspender la consulta ya que "era altamente probable que se produjera una escalada de violencia". A pesar de la advertencia y de ser consciente de la "ilicitud del proceso", señala el Ministerio Público, asumió junto a otros miembros del Govern la decisión de seguir adelante.

Junto a otros "promotores" de la presunta rebelión, hizo "reiterados y continuos" llamamientos para la movilización el 1-O buscando, asegura la Fiscalía, "el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad".

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

Carme Forcadell, en prisión desde el 23 de marzo de 2018, se sienta en el banquillo como expresidenta del Parlament. Según el Ministerio Público, permitió la tramitación de resoluciones parlamentarias y normas legales para "crear el marco legal que sustentara la construcción de la República catalana, a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que se diera aparente cobertura jurídica al proceso de independencia diseñado y querido entre todos los acusados".

Forcadell, según la Fiscalía, facilitó la tramitación de leyes como la de "transitoriedad jurídica y fundacional de la república" en las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017, entre otras, a pesar de que el Tribunal Constitucional les había advertido de su deber de inadmitir y paralizar este tipo de iniciativas. Forcadell estuvo también en las reuniones en las que se decidió el referéndum unilateral e hizo reiteradas llamadas a la participación en el 1-O sabiendo del riesgo de que hubiera violencia, señala el Ministerio Público.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, desde la ANC y Òmnium

El expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión ambos desde el 16 de octubre de 2017, jugaron un "papel crucial" para impulsar movilizaciones multitudinarias como "instrumento de presión" al Estado, según la Fiscalía. Esta considera que la "aparición estelar" de los conocidos como "los Jordis" jugó un papel "tan relevante" que "casi desplazaron con su dominio de las movilizaciones multitudinarias a la actuación de los Mossos".

El Ministerio Público les responsabiliza de la "incendiaria convocatoria" frente a la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 para impedir su registro. Durante el "asedio" hubo destrozo de vehículos de la Guardia Civil, limitación de movimientos de la comisión judicial, insultos, lanzamiento de objetos, etc... "Estos actos (...) fueron conocidos, inducidos y consentidos por los acusados Sánchez y Cuixart", que no pidieron a los presentes que abandonaran la movilización hasta casi 16 horas después para emplazarles a concentrarse de forma permanente ante el TSJ de Cataluña al día siguiente, 21 de septiembre.

La Fiscalía también les atribuye, como a Junqueras y Forcadell, llamamientos a la ciudadanía para participar en el referéndum del 1-O a pesar de ser conscientes de su ilegalidad y de la posibilidad de "explosiones violentas".

Jordi Turull, exconseller de Presidencia

El exconseller de Presidencia y exportavoz del Govern Jordi Turull, que ingresó en prisión por segunda vez el 23 de marzo de 2018 tras su investidura fallida, estuvo presente en las reuniones del Govern en las que se decidió convocar el referéndum de forma unilateral. Como responsable último del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) ejerció el control final de la logística de la consulta, incluido el recuento de votos. Las acusaciones también atribuyen a Turull la contratación de la publicidad institucional para la campaña electoral y parte del gasto de las papeletas.

La Fiscalía también detalla los llamamientos que hizo Turull en redes sociales para animar a la participación en el referéndum del 1-O a pesar de ser consciente, como el resto de acusados, de su "ilicitud" y del riesgo de "incidentes violentos".

Joaquim Forn, exconseller de Interior

El exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión desde el 2 de noviembre de 2017, asumió su cargo en julio de ese mismo año para garantizar que este departamento estuviera dirigido por alguien que "respaldara sin reservas" la celebración del referéndum del 1-O para "evitar que los Mossos pudiera frustrar" su celebración, señala la Fiscalía.

Para el Ministerio Público es el responsable de las "directrices políticas" que recibió la policía catalana para que "facilitaran su realización a pesar de su manifiesta ilegalidad". Forn estuvo también junto a Oriol Junqueras en la reunión en la que los Mossos advirtieron de que la única manera de evitar una "escalada de violencia" era la suspensión de la consulta.

Josep Rull, exconseller de Territorio

El exconseller de Territorio Josep Rull, que ingresó en prisión por segunda vez el 23 de marzo de 2018, participó en las reuniones del Govern con líderes independentistas en las que se decidió celebrar un referéndum unilateralmente e hizo llamamientos a la participación el 1-O a pesar del riesgo de "explosiones violentas", según la Fiscalía.

En su condición de responsable de Territorio, "prohibió arbitrariamente" que un barco con efectivos policiales -desplazados a Cataluña para evitar la celebración del referéndum ilegal- pudiera atracar en el puerto de Palamós.

Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores

El exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, que ingresó en prisión por segunda vez el 23 de marzo de 2018, se sienta en el banquillo como el "encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum y el procés". La Fiscalía asegura que las "embajadas" de la Generalitat y Diplocat -que funcionaba como un "cuerpo diplomático paralelo al estatal"- funcionaron como "lobby" para generar una "imagen internacional favorable al proceso de independencia" incluso después de que el Tribunal Constitucional prohibiera destinar dinero público a esta labor.

Raül Romeva, que estuvo también presente en las reuniones donde se decidió la vía del referéndum unilateral e hizo llamamientos a la participación a pesar de ser consciente del riesgo de violencia, según el Ministerio Público, fue el responsable de articular el voto de los catalanes que vivían fuera de España y de la contratación de "expertos y observadores internacionales" para la jornada del 1-O.

Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, en prisión por segunda vez desde el 23 de marzo de 2018, será juzgada por asumir la dirección y decisión sobre los centros cívicos días antes del referéndum para garantizar que estuviera disponibles para el 1-O, por crear una base de datos de voluntarios para la consulta, asumir parte del coste de las papeletas y animar a la participación en la huelga general convocada dos días después, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Bassa, según el Ministerio Fiscal, también hizo reiterados llamamientos a la participación en el referéndum a pesar de ser consciente de su "ilicitud" y del riesgo de enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad que tenían orden judicial de impedir la votación.

Carles Mundó, exconseller de Justicia

El exconseller de Justicia Carles Mundó, que dejó la política tras las elecciones del 21-D convocadas en virtud del artículo 155 de la Constitución, está acusado de desobediencia grave y malversación por firmar el decreto de convocatoria del referéndum -de hecho estuvo en las reuniones donde se decidió su realización de forma unilateral- y por destinar desde su consejería fondos para su realización.

Mundó estuvo en prisión preventiva desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2017, cuando salió de la cárcel tras abonar una fianza de 100.000 euros. Actualmente sigue en libertad.

Meritxell Borrás, exconsellera de Gobernación

La exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda Meritxell Borrás está acusada también de desobediencia grave y malversación de fondos públicos por la firma del decreto del referéndum y por el destino de dinero público desde la Generalitat para su realización.

Estuvo en prisión preventiva desde el 2 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, cuando salió de prisión tras abonar la fianza. Borrás decidió no presentarse a las elecciones del 21-D como tampoco hizo Santi Vila. Tampoco fue en las listas Jordi Cuixart al contrario que Jordi Sánchez, que se presentó por JxCat junto a Carles Puigdemont.

Santi Vila, exconseller de Empresa

El exconseller de Empresa Santi Vila se sienta en el banquillo por desobediencia grave por firmar el decreto del referéndum y por el destino de fondos públicos que hizo la Generalitat para organizar la consulta del 1-O.

Vila dimitió el 26 de octubre después de que Carles Puigdemont descartara convocar elecciones autonómicas y un día antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Pasó una noche en prisión preventiva -del 2 al 3 de noviembre de 2017- y salió en libertad tras pagar la fianza.