La Guardia Civil describe el "descontrol" en las ayudas de los ERE de Andalucía

• Un agente de la UCO asegura que faltaba mucha información
• Afirma que el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, conocía el procedimiento
• No existían solicitudes, requisitos, normas ni fiscalización

Uno de los dos guardias civiles de la UCO declara en el juicio de los ERE

El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descrito este lunes el "descontrol" del sistema de ayudas de los ERE en Andalucía, en el que no existían solicitudes, requisitos ni norma reguladora, y en el que se omitían "no solo la fiscalización previa sino el control posterior de la ayuda".

El agente ha declarado también que el que fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, tenía conocimiento de su existencia y del procedimiento de concesión.

El juicio por el caso de los ERE ha entrado en una nueva fase con el inicio de la comparecencia de los casi 150 testigos previstos. En el proceso se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles

Falta de documentación

El primero en declarar ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde 2011, quien ha señalado que fue "muy difícil" realizar dicha investigación porque "faltaba mucha documentación" relativa a la concesión de las ayudas de los ERE.

Según ha declarado el agente, a raíz del expediente de ayudas concedidas en 1999 a los extrabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), los agentes solicitaron a la Junta un informe de fiscalización y le contestaron "que nunca se ha fiscalizado", lo que, a su juicio demuestra que el Gobierno autonómico usó el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como "caja pagadora".

Durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no existían "solicitudes" de las ayudas ni "ninguna motivación", "no había requisitos" para acceder a las mismas, no existía "norma reguladora por parte de la administración" y no constaba fiscalización de las ayudas.

Sin norma reguladora ni "control posterior" de las ayudas

"Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas", ha sostenido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA.

El agente, preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre los requisitos de los trabajadores para acceder a las ayudas, ha asegurado que no había norma reguladora, añadiendo que la investigación y en la fase de instrucción de la causa no vio nada referente a los requisitos, ni a la verificación de éstos.

Precisamente, ha explicado que en alguno de los convenios que ha analizado, entre éstos el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L a través de transferencias de financiación de la Consejería al ente instrumental, ha tenido constancia de que se apunta la existencia de comisiones de seguimiento de las ayudas, pero "no hubo ninguna".

Además, según ha asegurado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero "no ideó" el sistema de concesión de ayudas, sino "que le viene de arriba", sin concretar nombres, y en la Consejería de Empleo "no había" una estructura en relación a los expedientes de ayudas, sino que las peticiones podían llegarle a Guerrero desde "sus superiores, IFA o Lanzas", en referencia al considerado como conseguidor de la trama Juan Lanzas.