Varios testigos del caso Andratx destacan el 'desbarajuste' municipal

• La secretaria municipal dice que los expedientes aparecían y desaparecían
• Implican a un conseller en una operación para dar legalidad a la casa irregular del alcalde
• Un ex asesor denuncia que fue relegado cuando propuso la demolición de la vivienda
• Piden 10 años de prisión para el ex alcalde por prevaricación urbanística, entre otros delitos

Los testigos que hoy han prestado declaración en la Audiencia de Palma en el primer juicio del "caso Andratx" han resaltado el desbarajuste administrativo que se registraba en el consistorio mallorquín, y uno de ellos ha implicado al PSM en una operación para dar apariencia legal a una obra irregular.

 Un total de nueve personas han prestado hoy declaración en la segunda jornada del juicio del "caso Andratx", centrado en la construcción de un chalé en una nave agrícola ubicada en una área protegida y propiedad del ex alcalde del municipio Eugenio Hidalgo, encausado junto al ex director general de Ordenación del Territorio en Baleares, Jaume Massot, el ex celador Jaume Gibert y el asesor jurídico del consistorio, José Ignacio Mir.

 La concejal de UM del Ayuntamiento de Andratx y actual alcaldesa accidental, Isabel Alemany, ha asegurado que acudió a una comida en la propiedad del ex alcalde, por invitación de Eugenio Hidalgo, donde comprobó que la construcción "era una vivienda en toda regla".

 Alemany ha explicado en calidad de testigo que en dicha comida Hidalgo le dijo "que era legal, que tenía todos los papeles en regla, que se los había dado Mateu Morro (en ese momento conseller de Agricultura) por haber repartido papeletas del PSM".

 El PSM ha replicado a la alcaldesa accidental en un comunicado, en el que asegura que "es totalmente falso" que Morro diera a Hidalgo los informes requeridos para construir su vivienda en un área protegida.

 Este partido muestra su "perplejidad" por las declaraciones de la regidora de UM e indica que, de ser cierto que Hidalgo le dijo eso, "el ex alcalde habría mentido con el objetivo de desviar la atención de unos hechos de los cuales era responsable".

Por su parte, la arquitecto técnico del Ayuntamiento de Andratx Cinta Moya, ha reconocido en su declaración que ella y la secretaria municipal, Ana María Abarca, se nombraron a sí mismas instructoras de los expedientes de Urbanismo.

La testigo ha explicado que en el departamento de Urbanismo "no se tenía el hábito" de paginar ni de grapar los expedientes, y que pidió en varias ocasiones asesoramiento sobre temas urbanísticos a Jaume Massot, entonces director general de Ordenación del Territorio.

Abarca ha reconocido posteriormente en su declaración ante el tribunal que "es práctica habitual" del consistorio de Andratx "que desaparezcan expedientes y vuelvan a aparecer".

El ex asesor jurídico del Ayuntamiento Pau Vidal ha asegurado, por su parte, que fue apartado por el entonces alcalde de la asesoría del consistorio después de haber propuesto la demolición de su vivienda.

El ingeniero agrónomo, Gabriel Cañellas, autor del proyecto de ampliación de la caseta agrícola de Hidalgo, ha afirmado que "jamás" sospechó que la finalidad de la obra fuera construir una vivienda, transformación que ayer también dijeron ignorar el propio ex alcalde y el ex director general.

El juicio podría quedar mañana visto para sentencia. Si no cambian sus conclusiones, el ministerio fiscal pedirá para Hidalgo la pena de 5 años de prisión por falsedad documental, 2 años por prevaricación urbanística y 3 por un delito contra la ordenación del territorio.

La Fiscalía ha pedido también 2 años de prisión para el ex director general de Ordenación del Territorio de la pasada legislatura, Jaume Massot, por prevaricación