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El Congreso valida la Ley Hipotecaria que, entre otras cosas, establece que los bancos deben dar al cliente diez días para examinar el contrato de la hipoteca antes de firmar.

Quedará claro quién paga los gastos: el cliente solo los de tasación de la vivienda. El resto, el banco, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados, el que desató debate en el Supremo y protestas en la calle.

Además, las entidades deberán evaluar con más rigor que el cliente es solvente, será más fácil llevarse el prestámo a otro banco, no se podrá obligar contratar junto a la hipoteca otros productos, se amplían los plazos de ejecución hipotercaria (el paso previo al desahucio).

Cáritas ha lanzado un llamamiento a las administraciones para que se impliquen más en buscar una solución a la pobreza y, en concreto, en la efectividad del derecho a la vivienda, reconocido como derecho social en la Constitución. Para ello reclama incluso un pacto de Estado sobre vivenda, como nos cuenta nuestro compañero Pablo Mingote.

El sábado entran en vigor medidas urgentes para regular el mercado del aquiler. El Consejo de Ministros las ha aprobado hoy por Real Decreto para, entre otras cosas, frenar la escalada de precios. La prórroga mínima de los contratos será de cinco años, y se refuerza la protección de los inquilinos ante los desahucios.

El suicido de una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada en Madrid despierta de nuevo las alarmas sobre los altos alquileres en las ciudades y sobre el funcionamiento de los servicios públicos que deben detectar este tipo de casos. Nos hemos preguntado qué debe hacer una persona que no puede afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler de su vivienda.

El artículo 47 de la Constitución regula el derecho de todos los españoles a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos son los encargados a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización de suelo de acuerdo con el interés general.

Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, analiza este artículo para RNE.

El Estado no solo debe preocuparse del acceso a la vivienda en propiedad sino también al alquier. Es una cosa que ha fallado estrepitosamente y que diferencia a España del resto de los países.

Las personas sin hogar sufren agresiones, insultos, discriminación y, en los casos más terribles, violencia sexual, física y asesinatos. Dormir y vivir en la calle tiene un componente de violencia estructural que se ve agravado por la violencia directa de la que son objeto.