UGT

• Desde el año 2018 el SMI ha aumentado un 61%, desde 735 euros hasta los 1.184
• La mayor subida del salario mínimo se produjo en 2019, cuando el Gobierno realizó un incremento del 22%

• El dictamen de este órgano consultivo, donde están presentes empresarios y sindicatos, no es vinculante para el Gobierno
• Afirman que hay que tener en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño de las empresas

• Xabier Fortes presenta desde el Teatro Monumental la serie de RTVE que retrata la lucha social contra la dictadura
• Una serie documental de seis episodios que recorre la dictadura a través de los ojos que lucharon por derrocarla

• En el caso de los hombres empleados, solo el 10,34% percibió esta cuantía
• Cataluña y Madrid están a la cabeza en cuanto a diferencia salarial absoluta

Sumar dará la batalla para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional. Una batalla en la que cuenta con el apoyo de los populares. El partido de Yolanda Díaz se ha mostrado especialmente crítico con las palabras de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que defendió ayer dicha tributación.

FOTO: EFE/ Quique García

• El sindicato ha indicado que es "esencial" que la progresividad del impuesto no penalice a las rentas más bajas
• Comisiones Obreras pone el foco en que las personas que cobran el SMI noten un incremento real de 50 euros al mes

UGT señala que no están en contra de que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute pero cuando su cuantía sea mayor y pide a Hacienda que negocie con ellos. Comisiones Obreras lamenta que quien cobre el SMI y tenga que tributar no llegará al 60% del salario medio. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que ha sido una decisión política sin ánimo recaudatorio. Por su parte, los empresarios, que rechazaron la subida, creen que el SMI no debe tributar.

Foto: Europa Press

• De acuerdo a informes del propio SEPE, en los últimos seis años la plantilla se ha reducido en 844 trabajadores
• Creen que es necesario tomar medidas "que permitan afrontar la gestión del SEPE con las condiciones adecuadas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este lunes el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, y del que se ha vuelto a descolgar la patronal.

• La ministra celebra el acuerdo que llevará al Consejo de Ministros este martes: "50 euros al mes importan"
• Los sindicatos reprochan el 'no' de la patronal y presionan al Gobierno para que el SMI siga exento de IRPF

Reducir la jornada laboral ha sido una de las reivindicaciones de los sindicatos, que han salido a la calle este domingo en 50 ciudades bajo el lema "con los derechos no se juega". Unas protestas convocadas tras el primer rechazo por PP y Junts en el Congreso del decreto 'ómnibus', y que han mantenido pese al acuerdo del Gobierno con Junts.

Foto: EFE / Fernando Villar

• También critica que la subida del SMI se haga "con el dinero de empresas" y cree que afectará "a los más pequeños"
• Si se aprueba la subida del SMI, este habrá subido un 60% desde el año 2018

• La patronal, que planteó un incremento del 3%, no se suma al acuerdo
• UGT y CC.OO. pedían un alza hasta los 1.200 euros

• El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no cree que el decreto pueda ser aprobado "tal y como está"
• Pide que sea "integralmente coherente" y advierte de que "este lio" tan solo "favorece a los antipolítica"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní en un momento en el que la política está regida por el intento de aprobación del llamado decreto ómnibus por parte del Gobierno, la negociación de la reducción de la jornada laboral y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Sobre el tema de la negociación de la subida de las pensiones, Álvarez opina que "lo más dramático de esta situación es que este lío sobre todo favorece a los antipolítica y genera alas a quien está calladito, como Vox". Sobre el decreto, lo tiene claro: "El Gobierno tiene la obligación de rehacer el decreto ómnibus de tal manera que cuente con la mayoría parlamentaria", refiriéndose concretamente a que el Ejecutivo "debe tomar la decisión que venga bien en un proceso de negociación para que se apruebe" ante la dificultad existente para que pase íntegro.

Sobre los datos de la EPA, que muestran que hay casi 35.000 ocupados más y hasta 158.000 personas paradas menos, dice que, "desde el punto de vista estricto de la creación de empleo, si nos comparamos con el entorno, podemos decir que la situación va bien", pero manifiesta que en España "más que precariedad laboral lo que tiene es precariedad del sistema económico". Además, el secretario general de UGT advierte de que nuestro país no debe de jugárselo todo a un sector productivo: "El turismo genera riqueza, pero es evidente que genera precariedad".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado a expresar en las calles el domingo 2 de febrero el "hartazgo" por la "antipolítica que secuestra derechos de los ciudadanos para mejor gloria de los dirigentes políticos".

Así se ha expresado en una entrevista este viernes en La hora de la 1, en referencia a la movilización convocada junto a CC.OO. para pedir un nuevo paquete de medidas sociales que reactive la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y la paralización de los desahucios a familias vulnerables, entre otras incluidas en el decreto que decayó el miércoles con los votos en contra de PP, Junts y Vox en el Congreso de los Diputados.

Álvarez ha acusado a los grupos parlamentarios de "frivolidad" por rechazar un decreto que, ha dicho, "afecta a muchísima gente": "Deberían pensárselo dos veces. Si el Gobierno hubiera hecho los deberes, el resultado hubiera sido otro, pero finalmente la responsabilidad es de aquellos que aprietan el botón a la hora de votar", ha protestado.

Asimismo, el líder de UGT confía en que el Consejo de Ministros publique el martes un decreto de salario mínimo interprofesional (SMI) —cuya prórroga decayó esta semana dentro del decreto ómnibus— y ha presionado para que lo haga con una subida hasta los 1.200 euros, como han propuesto en la mesa del diálogo social. “España tiene un SMI que incumple la carta social europea”, ha denunciado, y ha indicado más tarde que según ese criterio debería estar en torno a los 1.300 euros (es decir, el 60% del salario medio del país).

Finalmente, ha criticado que el Gobierno acostumbre a "apurar" los plazos en la negociación del SMI.

Foto: EUROPA PRESS - ALBERTO PRIETO

Tanto CC.OO. como UGT han convocado movilizaciones el domingo 2 de febrero en toda España para pedir un nuevo paquete de medidas que reactiven las incluidas en el decaído decreto 'ómnibus' tras el 'no' de Junts, Partido Popular (PP) y Vox en el Congreso de los Diputados. También quieren denunciar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social.

Ambos sindicatos han acusado a PP, Junts y Vox de "una agresión sin precedente" a la mayoría social al votar 'no' a la norma.

"Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verán revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos", se han lamentado ambos sindicatos.

Pepe Álvarez, secretario de UGT, ha declarado que "el Congreso de los Diputados no puede, por razones políticas, utilizar de rehenes a los jubilados y a los pensionistas de nuestro país".

• También pretenden denunciar la anulación de las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social
• Los sindicatos han pedido a la ciudadanía participar masivamente en estas movilizaciones

• La propuesta de la patronal lo elevaría 34 euros al mes, frente a los 50 euros mensuales que plantea Trabajo
• Los sindicatos proponen un incremento de entre el 5% y el 6%, para situarlo, más o menos, en 1.200 euros

• UGT y CC.OO. han instado al Gobierno "a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio"
• Recuerdan que hasta el 27 de enero no se sabrá qué ocurre con la licitación del contrato