El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que su partido promoverá acciones de apoyo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle, dado que "Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez".
El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el maltrato a la pareja o expareja sin causar lesión alguna también debe ser castigado con una orden de alejamiento a la víctima, además de la preceptiva pena de prisión que lleva aparejado este delito. Una "interpretación acorde con la protección a las víctimas de violencia de género" que la Sala Segunda del alto tribunal realiza en una sentencia en la que prohíbe a un hombre acercarse a su pareja a menos de 500 metros por haberle propinado una bofetada y otros golpes por los que la víctima no necesitó atención médica.
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado que Pablo Casado no puede liderar un PP "ejemplar y transparente" después de que la jueza que investiga su máster haya elevado el caso al Supremo tras apreciar indicios de prevaricación administrativa y cohecho impropio. El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha calificado de "grave" la situación de Casado, pero ha explicado que no exigen su dimisión porque ya no hay un acuerdo de gobierno con el PP y pide el apoyo del PSOE y de los 'populares' para acabar con los aforamientos.
El presidente del PP, Pablo Casado, no se plantea dimitir después de que la jueza que investiga su máster en la Universidad Rey Juan Carlos haya elevado el caso al Tribunal Supremo al apreciar indicios de prevaricación administrativa y cohecho impropio. La jueza concluye que recibió el máster como "regalo", algo que niega Casado.
La jueza ha concluido que existen "indicios" de que el presidente del PP, Pablo Casado, obtuvo su máster de Derecho Autonómico como "regalo académico" a modo de "prebenda o dádiva" por su "relevancia política", por lo que ha elevado la causa al Tribunal Supremo al ser diputado y, por tanto, aforado. Aprecia indicios de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
Ángela González, la madre de la niña asesinada a manos de su expareja durante una visita no vigilada en 2003, ha descrito este martes su "lucha incansable" hasta lograr la sentencia del Supremo por la que el Estado deberá indemnizarla con 600.000 euros por vulnerar sus derechos fundamentales al incumplir un dictamen de la ONU.
El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 600.000 euros a una víctima de violencia de género, Ángela González, cuya expareja asesinó en 2003 a una hija que tenían en común aprovechando una de las visitas no vigiladas que estableció un juzgado de Madrid tras su separación. El hombre, que se suicidó después de matar a la menor de 7 años, había sido denunciado hasta en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas. Ángela González consigue que el Supremo le dé la razón después de 15 años pleiteando.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al Estado español a cumplir el compromiso que alcanzó con la UE en 2015 para tramitar las solicitudes de casi 19.500 refugiados que estaban en Grecia e Italia. Es la primera vez que un tribunal nacional condena a su propio país por no cumplir las decisiones de la Unión Europea.
