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La decisión del Tribunal Supremo de mantener la pena de inhabilitación para el líder de ERC, Oriol Junqueras, por el 'procés', vuelve a enfrentar al Gobierno y al PP. Los 'populares' dicen que el tribunal está haciendo de contrapeso a Pedro Sánchez y los socialistas les acusan de mentir. Los partidos independentistas aseguran que el Supremo intenta dejar sin efecto la reforma del Código Penal y Jordi Turull ya anunciado que recurrirá en Europa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de desobediencia en concurso con malversación, ya mantiene su pena de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031. La Sala ha tomado esta decisión después de revisar la sentencia del 'procés' al amparo de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación.

El Supremo también ha condenado a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por un delito de desobediencia en concurso con malversación y mantiene su pena de inhabilitación (hasta 2031 en el caso de Bassa y 2030 de Turull y Romeva).

Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha visitado Las Mañanas de RNE para hablar acera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fenoll considera que esta resolución solamente confirma la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia y resalta que, a su parecer, “no supone ningún cambio, aunque tiene matices que le pueden servir a la justicia belga para seguir rechazando la euro orden”. Señala que deberíamos ser “prudentes” a la hora de interpretar la resolución, y apunta que se están realizando comentarios “triunfalistas” por ambas partes, que al fin y al cabo no dejan de ser argumentaciones. Señala también que uno de los errores han sido las múltiples “idas y venidas” sucedidas con este caso, y cree que el Tribunal Supremo debe ahora dialogar con la justicia belga “de una forma más ágil y directa”, así como aclarar que no existe “una persecución contra este grupo de personas”.

En los 113 días que lleva en vigor la ley, ha habido más de 270 revisiones de condena a la baja. Una media de dos al día. Donde más ha habido es en la Comunidad Valenciana, con, al menos, 46. Le sigue la Comunidad de Madrid con, al menos, 42.

FOTO: Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) EFE/Mariscal