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Acude hoy al estudio de “La España vivida” una mujer de orígenes humildes que en su infancia dio muchas vueltas sobre el mapa nuestro país. El motivo de esos cambios de residencia era la sucesión de destinos de su padre, miembro de la Guardia Civil. En una entrevista en El Periódico de Extremadura, nuestra invitada explicaba aquellos años con pocas y muy claras palabras. “Vengo –decía- de la casta de ganaderos y sirvientas, lo que soy se lo debo a mis padres”. Ella nos explicará cómo la orientó esa casta para la lucha por la vida. Quien así se definía –lo de los ganaderos es porque su padre lo fue antes de incorporarse a la Benemérita- es la exdiputada del PSOE, exministra de Trabajo y expresidenta del Consejo de Estado Magdalena Valerio, con quien, al hilo de su trayectoria, vamos a hablar de derecho laboral y del futuro de las pensiones. Ha sido, en efecto, el derecho del trabajo el terreno de su especialidad, en paralelo a una actividad política intensa, en la que ha acumulado una larga experiencia de gestión. Nacida en Torremocha (Cáceres) en 1959, y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1985, Magdalena Valerio ha pasado por todos los niveles de la administración, desde la local, como concejal, hasta la del Gobierno central, pasando por la autonómica, como consejera, también de Trabajo y Empleo, en el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. En 2022 fue designada por el Consejo de Ministros como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno. Dos años después, ese nombramiento fue anulado por el Supremo con una sentencia de controvertida doctrina en la que consideraba que Magdalena Valerio no reunía el requisito de contar con el prestigio jurídico requerido para desempeñar dicha responsabilidad. Ese fallo está ahora recurrido ante el Constitucional, que deberá decidir cómo y quién o quiénes han de apreciar si los altos cargos que debe nombrar el Gobierno reúnen el prestigio exigido por la ley.

El Banco de España ha advertido en las conclusiones de su informe anual de que subir las cotizaciones sociales para financiar las pensiones hará perder empleo. España necesita cerca de 25 millones de trabajadores extranjeros más en las próximas tres décadas para compensar el aumento de los jubilados. Premiar la demora de la jubilación no es suficiente para contener el gasto en pensiones y alerta de los riesgos de aumentar ingresos subiendo cotizaciones sociales, como establece el sistema actual: se pueden perder, asegura, 50.000 empleos por cada punto de subida.

Foto: Getty

La economía española crecerá este año por encima de lo previsto. Así lo ha confirmado el Fondo Monetario Internacional, que sitúa ese crecimiento en el 1,9%. Además, estima que la inflación seguirá bajando a lo largo de 2024 y 2025, en un escenario en el que también se reducirán los precios de la energía y se contendrán las presiones salariales. Si bien el organismo subraya los avances en empleo, pide algunos ajustes en impuestos y pensiones. Al mismo tiempo, el FMI advierte de que la crispación política actual puede acabar con cualquier avance futuro.

Este miércoles, el ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado los datos provisionales de siniestralidad laboral. Las muertes en el trabajo se han reducido en enero, mientras las bajas sí han aumentado con respecto al mismo mes del año pasado. Ambas son variables que el Gobierno y los agentes sociales manejan para decidir qué trabajadores podrían jubilarse antes sin perder dinero porque su actividad es de riesgo, como en el caso de los cuidados o la construcción.

Las kellys o camareras de piso, son uno de los colectivos que están pidiendo acogerse a la jubilación anticipada sin penalizaciones por las condiciones de sus puestos de trabajo. Mónica García, presidenta de las Kellys Unión Tenerife, lleva siendo camarera de piso unos 10 años y arrastra problemas en lumbares, cervicales y codos: "Es un trabajo muy duro". Tiene que preparar entre 25 y 35 habitaciones diarias, dependiendo de las características del hotel. “Hay estudios que dicen que solamente el 5% de las camareras de piso llegamos a jubilarnos ‘enteras’”, lo cual obliga a abandonar el trabajo dando lugar, en muchos casos, a pensiones no contributivas, lamenta García. “Instamos al Gobierno a que se nos reconozca también la jubilación a los 58 años porque creemos que somos un colectivo […] que nuestra penosidad en el trabajo y nuestra peligrosidad hacen de nosotros también ser un colectivo que necesite esa jubilación”.

Cristina Estévez es secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. Explica en Las Mañanas de RNE que lo que se está negociando es el procedimiento por el que determinados colectivos podrán solicitar la reducción en la edad legal de la jubilación dependiendo de unos indicadores. “Entrarán aquellas actividades que cumplan con los indicadores de peligrosidad, toxicidad y penosidad, y esta es la novedad […] Nosotros desde la UGT, a colectivos como camareras de piso o cuidadoras de la dependencia, que son eminentemente mujeres, siempre hemos venido reivindicando esa reducción de la edad ordinaria de jubilación. Hasta ahora la penosidad no estaba contemplada”, expone García. 

La ministra de Seguridad Social asegura en una entrevista en TVE que el ingreso mínimo vital llega a dos millones de beneficiarios, unos 700.000 hogares, según sus últimos datos. Añade que con la reforma de las pensiones "transitamos un camino correcto y adecuado" y apunta que el fondo de las pensiones sumará 25.000 millones de euros en los próximos cuatro años: "Vamos a volver a rellenar esa hucha de las pensiones", remata.

Seguro que a quien lea estas líneas le ha pasado hace poco lo mismo que a nosotros: se ha jubilado algún compañero de trabajo, amigo, o familiar. En nuestro caso, la creadora de este espacio. Aprovechando, hemos querido hacer un análisis del sistema de pensiones, desde un punto de vista técnico, pero sobre todo social. ¿Es viable? ¿Los jóvenes son los mayores perjudicados? ¿Se está fomentando una guerra generacional? Nos responden José Ignacio Conde Ruiz, autor del libro 'La juventud atracada: Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes' (Península, 2023); Carlos Bravo, secretario de políticas públicas de CCOO; Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, y Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

Desde el 1 de enero, los estudiantes que hagan prácticas formativas, van a cotizar. Ese tiempo contará, por ejemplo, para su pensión, aunque no para el paro. Y la medida tiene efecto retroactivo: cualquier persona que haya hecho prácticas no laborales entre 2019 y 2023, podrá pedir que les sumen ese periodo a su cotización.