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Cristina Cifuentes ha negado haber influido en el informe que recomendaba adjudicar la cafetería de la Asamblea a Arturo Fernández, ni haber modificado -ni siquiera redactado- el pliego del contrato, y ha pedido que puedan comparecer los técnicos que elaboraron esos documentos para que digan si alguien condicionó sus informes. Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad que trata la adjudicación del contrato de cafetería de la Cámara al Grupo Cantoblanco en su etapa como vicepresidenta de la Cámara, en el marco de la trama Púnica y la pieza sobre financiación ilegal del PP de Madrid, Cifuentes ha criticado a los grupos de oposición por no permitir que declaren en esta comisión los técnicos que intervinieron en las adjudicaciones.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Púnica ha puesto el foco sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un informe de la Guardia Civil, concretamente de la Unidad Central Operativa (UCO), acusa a Cristina Cifuentes de delitos de cohecho y prevaricación. No obstante, ni el instructor, Eloy Velasco, ni Anticorrupción contemplan su procesamiento. La presidenta madrileña, en una rueda de prensa sin preguntas, ha señalado a supuestas motivaciones políticas tras el informe de la Guardia Civil.