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El Gobierno valenciano pondrá en manos de empresas privadas la gestión de los hospitales públicos y los centros de salud. La medida, que forma parte del plan de reequilibrio económico, supondrá, según la Generalitat, un ahorro cercano a los 450 millones de euros. El modelo podría ponerse en marcha en 2013.

El Ministerio de Sanidad asegura que ningún español se quedará sin derecho a la sanidad pública. La aclaración intenta despejar las dudas de aquellas personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social, como los jóvenes que no hayan trabajado nunca y que dejen, a los 26 años, de estar cubiertos por la trarjeta de sus padres.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tachado hoy de "xenófobo, cruel e ineficaz" el recorte en sanidad y ha advertido de que la decisión de negar la asistencia gratuita a los inmigrantes irregulares "es un ejercicio de insensibilidad social como la copa de un pino". Rubalcaba ha criticado con dureza los ajustes en sanidad y educación al defender desde la tribuna del Congreso la enmienda a la totalidad del PSOE a los presupuestos de 2012. "Están dando pábulo a una siniestra idea que hay por ahí, que los inmigrantes usan y abusan de la sanidad y eso es falso y además xenófobo", ha subrayado. A su juicio, también es "cruel" porque deja sin asistencia a personas enfermas y resultará "ineficaz, porque va a conseguir que las gripes acaben tratándose en urgencias".

Hoy se ha publicado en el BOE el decreto que reforma los servicios sanitarios. Y tiene algunas novedades: Habrá que pagar por las ortoprótesis, como muletas o sillas de ruedas, y también por el transporte no urgente, como el que se emplea para llevar a pacientes a diálisis o quimioterapia. Las comunidades podrán financiarlos hasta un límite que fijará el Estado, pero una parte tendrá que pagarla el usuario. También se dejarán de financiar los medicamentos que no sean eficaces o sirvan para tratar "síntomas menores".

El uno de septiembre unos 500 mil inmigrantes en situación irregular se quedarán sin tarjeta sanitaria. Sólo recibirán atención en urgencias y las embarazadas. Los menores serán atendidos igual que los españoles. El plazo se ha publicado hoy en ese Real Decreto que aclara además la figura del "asegurado": quién tiene derecho a la sanidad pública.

  • Los jubilados pagarán entre 8 y 18 euros al mes como máximo
  • Los parados sin prestación no pagarán nada (ahora abonan el 40%)
  • El pago subirá para los trabajadores que ganen más de 22.000 euros al año

El secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echáinz, ha resaltado en una entrevista en el canal 24H de TVE, que a los extranjeros no regularizados se les "exige los mismos requisitos" que a un español para obtener la tarjeta sanitaria.

"Se le exige lo mismo que a un español, ser ciudadano. Hay ciudadanos centroeuropeos que habían vuelto a su país con la tarjeta sanitaria europea a la que tenían derecho por tener la española y la presentaron en su país de origen cuando necesitaron atención médica. Las faturas se presentaron al Gobierno de España", ha resaltado Echáinz.

En cuanto a los extranjeros no europeos, Echáinz ha dicho que la futura ley sanitaria "no cambiará nada", dice que las "urgencias están cubiertas" y el resto de las prestaciones están en manos de las ONGs. También ha defendido que con las nuevas medidas "se garantiza" la sanidad a los españoles.

El Gobierno modificará la ley de extranjería para evitar que los ciudadanos extranjeros obtengan la tarjeta sanitaria solo por el hecho de empadronarse en España, de tal forma que se establecerán una serie de requisitos, como tener residencia fiscal (vivir sesis meses y un día) y pagar impuestos en España, para tener derecho al sistema nacional de salud.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario y que la ministra de Sanidad, Ana Mato ha calificado como "reforma imprescindible" para garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la sanidad pública y, al mismo tiempo, "poner fin a los abusos en sus prestaciones".

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, reconoce que el copago farmacéutico pactado entre el Gobierno y las comunidades autónomas no es fácil de aplicar, pero al mismo tiempo subraya que la situación económica obliga a llevarlo a cabo. No obstante, asegura que ya no habrá más recortes sanitarios. "Creemos que con estos cambios en el modelo, queda garantizada la propia sostenibilidad del sistema y, por tanto, nosotros somos optimistas en el sentido de que creemos que ya con esto se ha conseguido", explica (20/04/12).