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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a la "influencia determinante" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con acceso a "personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", para la compraventa de petróleo en Venezuela y para conseguir permisos de vuelos para Plus Ultra.
FOTO: EFE/Cristian Hernández
Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos analiza la situación política actual del Gobierno en Las Mañanas de RNE. "Es imprescindible que haya una izquierda estatal plurinacional fuerte [...] Que sea autónoma del PSOE y de soluciones a los problemas de la gente", explica el portavoz tras conocerse la imputación de Zapatero. "En el caso de Zapatero no podemos hablar de lawfare porque apunta a cuestiones que son preocupantes y que Zapatero y el PSOE tendrá que dar explicaciones pertinentes", explica, que además apunta que "al Gobierno se le está haciendo cuesta arriba la legislatura" y defiende a su partido asegurando que "en doce años de vida de Podemos no hemos tenido ni un solo caso de corrupción". Por otra parte, Fernández muestra su apoyo a que España rompa todo tipo de relaciones con Israel. "España tiene que actuar dentro de sus competencias y es competencia de España romper relaciones con Israel", concluye.
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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero abre el debate sobre donde está la diferencia entre el lobby y el tráfico de influencias. Hablamos sobre ello en 24 Horas RNE con Mireia del Pozo, Premio Mundial de la Paz en Igualdad y miembro del Tribunal Laboral de Cataluña y con Isabel Álvarez Vélez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas. Ambas coinciden que la diferencia reside en la "transparencia y la legalidad". Recuerda que un lobby es una actividad legal y que no buscan "su propio beneficio". Apuntan que "hay un pensamiento negativo" pero recuerda que las ONG o los sindicatos ejercen como lobbies y ponen el ejemplo de las reuniones que se tienen para la elaboración de los Presuspuestos Generales del Estado.
En el caso de excargos públicos colaborando con lobbies, creen que debería regularse: "Son personas de máxima influencia, con los máximos contactos". Por este motivo señalan que el régimen de incompatibilidades se puede quedar corto y aseguran que "es muy fácil de regular". Ponen el ejemplo de la Unión Europea en la que los lobbies deben apuntarse a un registro para poder operar y recuerdan que precisamente Europa le está pidiendo a España mejoras en ese aspecto. A la vez, reconocen que es díficl demostrar cuando se actúa como lobby y cuando se está cometiendo un delito de tráfico de influencias porque en este último caso la metodología es secreta: "Se mueven en las sombras, está montado para no ser descubierto".
Este miércoles ha declarado el principal acusado en el juicio de los ataúdes. Se trata de una de las mayores causas judiciales de la provincia de Valladolid, en la que se juzga la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador entre los años 1995 y 2015. Un fraude que consistía en contratar flores y féretros de mucha calidad, sustituirlos antes de la incineración por otros peores y revender los buenos. Hay 23 acusados de un fraude que puede ascender a 4 millones de euros.
Ignacio Morchón, hijo del fallecido antiguo propietario del negocio y teórico cabecilla de la trama, ha negado los hechos por los que le piden 20 años de prisión. Ha insistido en que él era un "mandado más" en la empresa familiar.
Fotografía: EUROPA PRESS
José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, apunta también a la empresa de las hijas del expresidente Zapatero, Whathefav, que aparece 59 veces en su auto. Y la describe como "una estructura artificiosa" para justificar pagos.
¿Pero qué es Whathefav? Se promociona como una agencia de marketing digital, aunque su actividad en redes apenas cuenta con publicaciones o seguidores. La agencia habría ingresado cerca de un millón de euros en cinco años por maquetar informes. Sus principales pagadores son Inteligencia Prospectiva, una compañía sin actividad, o la agencia Análisis Relevante del empresario Julio Martínez, amigo del expresidente. Él mismo recomendó que contratara a sus hijas.
FOTOGRAFÍA: GUSTAVO VALIENTE / EP
La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido eco en Venezuela, donde ejerció como mediador con el gobierno chavista durante años, incluyendo la liberación de presos políticos. De momento ni el gobierno ni la oposición en Venezuela se han pronunciado sobre la investigación contra Zapatero, a pesar de que en el expediente judicial ha sido mencionada la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien el exmandatario ha reconocido públicamente mantener una relación de amistad. Medios venezolanos han destacado que el auto judicial hace referencia a fondos y negocios supuestamente provenientes de Venezuela.
Foto: PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA
Sumar señala que el auto del juez Calama en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero solo recoge indicios que deben ser probados y pide dejar trabajar a la justicia. Lo ha dicho en el informativo 24 Horas de RNE su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero. "No es una condena, no es una sentencia [...] Es un auto que lo que tiene que hacer la justicia luego es investigar y descubrir si realmente se concluye que todos los hechos que ahí se indican", dice y señala que su interés principal es que se investigue adecuadamente igual que "en cualesquiera otros casos previos". Cree que no afectará a la supervivencia de la legislatura y descarta el apoyo a una posible moción de censura. Incide en que los juicios públicos no son positivos y alerta de la peligrosidad de las condenas mediáticas, especialmente cuando no existe una sentencia firme, por lo que pide respetar la presunción de inocencia. "Las investigaciones de este tipo de procesos pueden durar muchísimos años, como le ha pasado a Rajoy, que hace dos días descubrimos quién era M. Rajoy", señala. Aunque evita hablar de 'lawfare', sí opina que se producen imputaciones "con una celeridad mayor" a políticos de izquierdas que de derechas.
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Mientras Moncloa intenta insuflar ánimos a los suyos tratando de rebajar las consecuencias que puede tener el contenido del auto del juez Calama, dentro del PSOE son muchos los que se aferran al "queremos creer en la inocencia de Zapatero". Contienen la respiración hasta el 2 de junio, día de la citación, y otra parte del partido más pesimista no oculta su preocupación, su desolación ante la posible caída de su referente moral.
Dirigentes consultados por RTVE nos dicen que el auto del juez "no suena bien", y que "la cosa pinta regular", según informa Almudena Guerrero, periodista de RTVE encargada de la información de Presidencia del Gobierno.
FOTO: Nacho Frade / Europa Press.
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Las Mañanas de RNE
La Hora de La 1