Un año después del las elecciones del 10N que dieron paso al primer Gobierno de coalición de la democracia, la sociedad está más cansada de la política, la polarización ha aumentando y los problemas económicos se han agudizado. Es el análisis compartido de los tres expertos que han pasado por'Las mañanas de RNE': Fernando Vallespín, Santiago Carbó y Andrés Medina. El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín, cree que el primer gobierno de coalición de nuestra historia está representando la culminación de un cambio político lento que se inició el 15 de mayo de 2011, con una nueva generación de políticos que ha tomado el relevo de la generación de 1978. Vallespín aprecia que, un año después del 10N, el PP ha comenzado a virar hacia el centro, mientras que el Gobierno se sitúa más a la izquierda de lo que solía estar el Partido Socialista, lo que abre la puerta a que Ciudadanos ocupe ese espacio de centro o a que el PSOE se mueva también hacia ese terreno. Vallespín considera que el virus no sólo ha alterado el programa de Gobierno, sino la visión que tenemos de la política y de nosotros mismos. Además, asegura que la política española recuerda mucho a la de Estados Unidos por el aumento de la polarización. "Hay mucha polarización construida sobre la negatividad. Eso es grave porque el país necesita soluciones y los políticos parecen más pendientes de la narrativa y de su peleas internas que de la resolución del problema".
En la misma línea, Andres Medina director general de Metroscopia, asegura que la sociedad española ha cambiado respecto a la de hace un año, sobre todo, en la opinión que tienen de la política y las instituciones. “La sociedad está harta de estar harta, los políticos no terminan de dar solución a problemas concretos. […] Por primera vez en mucho tiempo la política es el principal problema para muchos españoles”. Medina explica que dos de cada tres ciudadanos no se siente protegidos por las instituciones públicas y que uno de cada tres suspende a todos los líderes políticos. [Los políticos están] más en el cultivo de la propia imagen que en los problemas que les preocupa a la gente y eso genera desconexión. La sociedad española nos está diciendo que es el momento del pacto y del acuerdo”.
La situación económica de España poco tiene que ver con la que se vivía hace un año, aunque para Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, nuestra economía adolece de falta de soluciones a los mismos problemas, que ahora están todavía más agudizados. “Hace un año teníamos problemas estructurales que no eran nuevos: baja productividad, aumento deuda preocupantes, dependencia del turismo y servicios. […] Lo más preocupante es la desaparición de determinadas empresas y actividades, se ha perdido una parte de la infraestructura que tardará en volver”. Carbó insiste en que el país debe ir apostando paulatinamente por un nuevo modelo productivo y aboga por cambiar “mucho y bien” la administración pública. Carbó destaca, además, la labor fundamental de la Unión Europa en la puesta en marcha de unos fondos de recuperación que espera “seamos capaces de gestionar bien”. “España no estaba preparada para este tipo de fondos. No soy muy optimista. Me preocupa que se estén preparando proyectos que no tengan un largo corrido, que sean sólo retales”.
El Gobierno va a pedir que se realice un inventario de los bienes que puede haber en el Pazo de Meirás. Antes del 10 de diciembre, la familia Franco tiene que devolver esa propiedad al Estado, y la guardia civil ha instalado un control en los alrededores del pazo para evitar que saquen bienes de patrimonio cultural.
El viernes, Bruselas anunció que estudiaría el plan del Gobierno. Hoy, con más datos en la mano, ha dicho que no tiene motivos para desconfiar de la orden del Ejecutivo y que no cree que el controvertido plan del Gobierno vaya contra la libertad de prensa. La Comisión Europea no cree que España se vaya a saltar el respeto a la libertad de expresión y considera que la orden ministerial encaja en el plan europeo contra los bulos. Informa, la corresponsal, María Carou.
Han finalizado los primeros 15 días de estado de alarma y este lunes, con la entrada en vigor de la prórroga, son las comunidades autónomas las que deciden si mantienen o no el toque de queda que ha sido obligatorio estas dos semanas, y si continúan los cierres perimetrales en sus territorios para hacer frente al incremento de contagios de COVID-19.
De momento todas han anunciado que seguirán como están en lo que se refiere al confinamiento perimetral. En Madrid se levanta esta noche el cierre de toda la comunidad, porque solo estaba previsto para el puente festivo que acaba este lunes, pero se mantiene en varias zonas. El resto de las comunidades siguen cerradas menos Galicia y Extremadura, donde hay confinamientos por localidades, y Baleares y Canarias.
Es la primera vez que Iglesias acompaña al jefe del Estado en un viaje oficial. Fueron recibidos con honores en el país andino y mantuvieron un encuentro bilateral con el nuevo presidente de Bolivia y con el de Argentina.
El rey Felipe VI ha llegado a Bolivia acompañado del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para asistir este domingo a la toma de posesión del nuevo presidente boliviano, Luis Arce, con quien se ha reunido. La ministra de Exteriores y el vicepresidente segundo del Gobierno han formado parte de la delegación española en este encuentro..
En España, tanto el Gobierno como la mayoría de líderes políticos han felicitado a Joe Biden por su victoria.
[Elecciones EE.UU: última hora en directo]
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, al que le ha dicho: "Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales". Otros líderes políticos como Pablo Iglesias, Pablo Casado o Inés Arrimadas también han felicitado al próximo presidente de EE.UU.
[Elecciones EE.UU: última hora en directo]
Continúa la polémica en torno al plan del gobierno para combatir la desinformación. Las Asociaciones de Periodistas muestran recelos ante un norma que califican de ambigua y según los constitucionalistas a los que ha consultado RNE creen que vulnera el artículo 20 de la Constitución y la ven innecesaria. Rafael de Mendizabal, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, cree que esta es inconstitucional porque está en riesgo la libertad de expresión. Desde la FAPE han pedido una aclaración sobre el alcance de la medida y han señalado que vigilará las buenas intenciones anunciadas por el Ejecutivo. Informa Borja Cacho.
Moncloa sale al paso de la tomenta política por su plan contra la desinformación. Asegura que es un mecanismo para garantizar la seguridad y que la nueva comisión permanente no recortará derechos; ni servirá para controlar a los medios, como denuncia la oposición. Desde el PP amenazan con llevarlo a Europa si ven capacidad de censura. Tampoco cuenta con el beneplácito de Vox ni de Ciudadanos. Desde Bildu señalan que hay que tratar el fenómeno de las "fake news" pero manteniendo la libertad de expresión. Informa Daniel Hernández.
Combatir la desinformación implica, dicen los expertos, conocer quién está detrás. Una de las amenazas puede venir desde el exterior, desde países que tienen el objetivo de sembrar el caos en otras zonas.
Esa amenaza, precisan, no solo viene de Rusia sino también de China e incluso de países occidentales. Utilizan ‘bots’, perfiles falsos que difunden bulos y ‘fake news’ en redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Y ¿Cómo se combate?
Según fuentes de Moncloa es esta amenaza la que pretende combatir, pero los expertos consultados coinciden en que la norma es ambigua y de ahí el peligro.
Continúan las reacciones por el plan contra la desinformación del Gobierno. Su publicación este jueves en el BOE hizo saltar las alarmas en la oposición, que lo ven como un intento de controlar a los medios de comunicación.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este viernes que el Gobierno no pretende limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación con su plan contra la desinformación, sino "limitar" que se puedan vehicular "falsedades" a través de los mismos.
Tras esas quejas, fuentes de la Comisión Europea señalan que Bruselas lo está estudiando.
La reforma educativa no va a incluir el castellano como lengua vehicular tras la enmienda aprobada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. En Las Mañanas de RNE, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, lo califica de "tropelía inadmisible" porque "elimina el derecho a poder elegir libremente la lengua vehicular". Critica que ha pasado por las concesiones que se le hace al nacionalismo desde el Gobierno desde hace tiempo y afirma que lo denunciarán al Constitucional, para lo que están buscando también el apoyo del PP. Su grupo pedirá esta mañana la dimisión de la ministra.
Sobre su negociación de los presupuestos con el Gobierno, no presentarán ninguna enmienda para facilitar su aprobación. Su formación se reunió ayer con el Ejecutivo y afirma Bal que no entrarán en ninguna "guerra infantil sobre cuál va primero" porque lo importante es el "contenido" de esa reunión. Afirma que han ido con propuestas que espera que el Gobierno escuche y confía en que este se decante por unos presupuestos moderados y pragmáticos, más valorados por Europa. En relación con esto, dice que ellos nunca han vetado a nadie de las negociaciones puesto que tanto PSOE como Unidas Podemos forman parte del Gobierno y es él el que realiza este proyecto de ley: "¿Cómo vamos a pensar que en unos Presupuestos que son un proyecto de ley del Gobierno no estuviera una parte del Gobierno?" Aunque esto, deja claro Bal, que no se trata de un apoyo al Ejecutivo, pero es lo que el país necesita en este momento. Entre sus peticiones se encuentra la subida del diésel que incluía estos PGE. Afirma que se eliminará mediante una enmienda en la negociación parlamentaria.
En referencia al mecanismo contra la desinformación propuesto por Moncloa, dice Bal que es "inadmisible" en una democracia donde se reconoce la libertad de prensa, de información o de expresión y pone en duda lo que hará la comisión para reaccionar en el caso de que descubra que una noticia es falsa.
El Gobierno ha impulsado, a través del Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, un plan para actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
