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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha subrayado este jueves la celeridad con la que Màxim Huerta asumió su responsabilidad al presentar su dimisión pocas horas después de conocerse el fraude fiscal en el que incurrió. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Delgado ha valorado sus explicaciones "inmediatas", su "ejercicio de transparencia impecable" y la "rapidez" en la toma de la decisión. "Asumió una responsabilidad porque hay un código de comportamiento de servidores públicos que es importante seguir", ha afirmado Delgado. Preguntada sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le preguntó por su pasado a la hora de nombrarla ministra, Delgado ha explicado que no, pero ha añadido que si hubiera tenido algo que decir, lo habría planteado ella misma.

El Gobierno concederá el estatus de refugiado a los migrantes rescatados por el concederá el estatus de refugiado a los migrantesAquarius a su llegada a Valencia, según ha informado la Generalitat valenciana, que coordina el protocolo de atención junto con Moncloa. Serán atendidos por la Cruz Roja, y se instalarán en la antigua sede para la Copa de América. Más de 200 ayuntamientos se han ofrecido a acoger a los migrantes desde que Pedro Sánchez ofreciese España como puerto de destino. Una vez en tierra, la prioridad será garantizar el bienestar de todos.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se va a encargar de gestionar el traslado y la llegada del Aquarius y se reunirá con la Generalitat de Valencia este martes. "Representando a todos los españoles y españolas no podíamos permanecer impasibles", ha dicho, en referencia al "cumplimiento estricto de lo que consideramos obligaciones legales" con la inmigración. También Podemos aplaude el gesto del Ejecutivo, mientras que Ciudadanos y PP piden prudencia y recuerdan que en Europa tiene que haber una política común. Para Maíllo, esto pasa por sentarse cn el resto de países de la UE y buscar una solución conjunta para evitar que España se convierta "en el coladero de Europa"; mientras que Rivera insiste en que la política se hace en Bruselas.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 presentados que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "apoya" como un "tránsito" para que "no se paralice el país" pero que "no defiende", han superado en el Senado los cinco vetos a la totalidad presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCat, EH-Bildu y Compromís, casi dos semanas después de que prosperaso en el Congreso la moción de censura del PSOE contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha celebrado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acoger al barco Aquarius, que permanece parado entre Italia y Malta con 629 migrantes a bordo ante la negativa de los dos países a permitir su desembarco. Puig ha destacado la "solidaridad" valenciana, mientras que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha anunciado que el País Vasco se compromete a acoger al 10% de los refugiados. Por su parte, el líder del PP catalán, García Albiol, ha advertido de que España "no puede convertirse en una gran ONG".

El Partido Popular y Ciudadanos quieren que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso para explicar los pactos que, sostienen, tuvo que alcanzar el líder socialista con los partidos independentistas para que apoyaran la moción de censura. El PP ha registrado un escrito en el Congreso para celebrar un pleno monográfico, mientras que Cs ha anunciado que pedirán la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja después de que el Gobierno haya anunciado este viernes que levanta el control previo a las cuentas de la Generalitat.

El Gobierno ha decidido levantar la supervisión previa que ejercía hasta ahora sobre los gastos de la Generalitat, una decisión que la portavoz del nuevo Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, ha enmarcado como una medida de "normalización política" con Cataluña y "en la confianza de que funcionará bien" y el Govern no usará sus recursos financieros para ahondar en el proceso independentista. El Ejecutivo vincula esta medida al artículo 155, que ya no está en vigor. Desde la Generalitat subrayan también que este control decayó "automáticamente" desde que el 155 dejó de tener efecto.