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Desde hoy, Estados Unidos endurece su embargo a Cuba al aplicar íntegramente la Ley Helms-Burton, aprobada hace 23 años. Eso supone que los estadounidenses de origen cubano a quienes confiscaron sus bienes durante la Revolución pueden demandar a las empresas extranjeras que se estén beneficiando de esos bienes. Una decisión que podría afectar sobre todo al sector hotelero español que opera en Cuba.

Unas 200 mil demandas, calcula la Administración Trump, podrían presentarse ante los tribunales estadounidenses. Ya hay 6.000 reclamaciones previas en un registro internacional, por terrenos o edificios, por valor de más de 8.000 millones de dólares.

En Cuba, más del 50% de los proyectos son europeos. Bruselas ya ha anunciado que recurrirá a todas las medidas para minimizar las consecuencias de la norma. España es el mayor inversor.

De hecho, empresas como Meliá, Iberostar y Blau gestionan más de la mitad de las habitaciones en Cuba. Meliá por ejemplo asegura que no es propietario de ningún bien que pudiera ser demandado, sino un mero gestor hotelero. El Gobierno español ya trabaja para defender el futuro de las empresas españolas en Cuba, que deberían afrontar las indemnizaciones. Los expertos temen un efecto disuasorio para una isla que necesita 2.000 millones de dólares anuales de inversión para sostener su economía.

La tensión en Venezuela continúa tras dos días de protestas. Ya son más de 130 heridos y decenas de detenidos en todo el país. Nicolás Maduro ha acusado a la oposición de buscar una guerra civil aunque también ha anunciado su intención de hacer rectificaciones. "Quiero asumir un plan para cambiar todo, para mejorar todo, para rectificar los errores en medio de la batalla", ha dicho ante sus seguidores. Esa batalla, según Maduro, está dirigida desde la Casa Blanca. Washington asegura que altos cargos chavistas alcanzaron un acuerdo con la oposición para una salida pacífica del presidente venezolano, pero que en el último momento no cumplieron. Entre esos altos cargos estaría, según Washington, Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa, que hoy mismo ha ratificado su lealtad a Maduro. Según algunos medios, el plan no incluía una salida para Diosdado Cabello, número dos del régimen, y eso habrÍa frustrado la operación. Para Caracas, sólo son mentiras con las que la oposición engañó a Washington.

El intento de levantamiento en Venezuela animado por el autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, ha situado la la crisis venezolana en el campo de batalla del enfrentamiento geopolítico entre Rusia y Estados Unidos.

El respaldo de la administración de Donald Trump a la estrategia opositora que representan Guaidó y Leopoldo López parece total, y ha vuelto a hacerse expreso durante el alzamiento fallido. El secretario de Estado, Mike Pompeo, no descartaba incluso una intervención militar, que sería una más en la larga lista de intervenciones estadounidenses en el continente americano.

Rusia por su parte niega haber impedido a Maduro tomar un avión hacía Cuba y el homólogo ruso de Pompeo, Serguei Lavrov, advirtió de "graves consecuencias" en el caso de que continuaran los “pasos agresivos” en el país latinoamericanos.

La UE asegura que tomará las medidas necesarias para defenderse de la aplicación de la ley Helms Burton. Este jueves entra en vigor esa cláusula que ha recuperado la administración Trump y que permite a cualquier ciudadano estadounidense demandar en tribunales a empresas de todo el mundo que hagan negocios con los bienes confiscados tras la Revolución cubana de 1959. Los empresarios españoles con intereses en la isla llevan años preparándose para que este artículo de la ley fuera una realidad por lo que minimizan el impacto que pueda tener.

El alzamiento militar de Guaidó en Venezuela ha levantado la inmediata reacción de la comunidad internacional, nuevamente dividida entre partidarios y detractores del Gobierno chavista. El principal aliado es Estados Unidos, aunque también han mostrado su apoyo a Guaidó los gobiernos de Argentina, Colombia, Panamá o Chile. En cambio, los aliados del chavismo, como Turquía, Rusia, Bolivia y Cuba, lo han condenado.

Aunque el billete de este tren de mercancías abordado ilegalmente por inmigrantes comienza siendo gratis, su precio va engordando tramo a tramo, gracias a los sobornos y percances del trayecto hacia la frontera con EE.UU., hasta el punto de que a veces el pago es dejar la vida en el camino. Lo apodan "La Bestia" y, según cuentan los que se han subido, no podía tener un nombre mejor: "se viaja a la intemperie, con riesgos de caerte, sol, hambre, por lugares remotos, te puede tumbar una rama de árbol, te puedes caer por sueño, te pueden bajar del tren y secuestrarte, extorsionar"