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En España, según cifras oficiales, cerca de un millón de personas tienen concedida una prestación económica de este tipo. De ellas alrededor de 750 mil la están recibiendo ya, mientras que casi una cuarta parte de los que tienen derecho permanecen en lista de espera.

Las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Hacienda se reúnen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este jueves para fijar el objetivo de déficit global para las autonomías en el 1,3% para este año, adelantado este miércoles por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En él, Cristóbal Montoro explicará a los representantes autonómicos la reforma de la Administración Pública. Antes de empezar el CPFF, consejeros de varias comunidades han criticado ese objetivo. Entre ellas, Canarias, Asturias, Cataluña o Castilla y León, esta última gobernada por el PP. También lo ha hecho Andalucía. Su consejera, Carmen Martínez Aguayo, ha criticado que a las autonomías se les "imponga todo el ajuste".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado a los presidentes provinciales del PP la reforma de las administraciones aprobada por el Gobierno.

Una de las medidas de la reestructuración de la Administración Pública propuesta por el Gobierno contempla eliminar 718 empresas del sector público en las comunidades autónomas, de las que 535 ya están liquidadas, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el Estado central reformará 57 organismos públicos de distinto ámbito "para poder ser más eficaces" y propone suspender hasta 90 observatorios.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha mostrado "dispuesto a estudiar" las exigencias académicas para acceder a becas académicas de Bachillerato y FP, para que ningún estudiante tenga que "abandonar los estudios por razones socioeconómicas", por eso no ha descartado "incluir modificaciones".