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Bankia, BBVA y Caixabank aportarán casi la mitad de las alrededor de 6.000 viviendas que formarán el fondo, todas propiedad de entidades financieras. Podrán acceder a ellas las personas desalojadas de su hogar desde el 1 de enero de 2008 por no pagar la hipoteca.

Los beneficiarios tendrán que encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Es decir, cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno como no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año y no ser propietario de ninguna otra vivienda. Y además, ser familia numerosa, monoparental con dos o más hijos o por ejemplo, estar en el paro y haber agotado la prestación.

Los interesados deberán solicitar la vivienda al banco que los desahució. El precio del alquiler oscilará entre los 150 y 400 euros al mes con un límite máximo a pagar del 30% de la renta familiar. El contrato durará dos años con opción a un tercero si la situación del arrendatario no ha cambiado.

Las primeras viviendas se asignarán el 31 de marzo y tendrán prioridad aquellas familias en situación de mayor necesidad o riesgo social.

Este 1 de enero también ha entrado en vigor la ley que retrasa progresivamente la edad de jubilación a los 67 años. Ese umbral, los 67, se alcanzará en 2027, pero ya este año quien quiera jubilarse tendrá que tener cumplidos 65 años y 1 mes. Además, el período para calcular la pensión aumenta de 15 a 25 años.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha puesto en el Senado una condición más para las familias que quieran acogerse a un alquiler social, aparte de que el desalojo se tiene que haber producido por el impago de una hipoteca, cumplir los supuestos de especial vulnerabilidad y no tener ingresos de más de 19.000 euros al año, la fecha del desahucio tiene que ser posterior al 1 de enero de 2008.

El último motivo para la protesta, según los sindicatos, las nuevas tasas judiciales. Pero también las organizaciones de la cumbre social han salido a la calle contra los recortes bajo el lema defiéndete. Critican la no actualización de las pensiones.