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La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido este lunes la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que habían sido designados para juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La mayoría de los dieciséis magistrados que componen esta Sala ha aceptado apartar de este procedimiento al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y a los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo para evitar cualquier sospecha de parcialidad, ya que han participado en la instrucción de esta causa. El magistrado Ángel Calderón, que había sido nombrado ponente, ha anunciado un voto particular por lo que ha sido nombrado nuevo ponente, el magistrado Moliner.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha afirmado este martes que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de abrir juicio oral contra él por las grabaciones en el caso Gürtel es "precipitada y, además, falta de fundamento". Garzón ha hecho estas declaraciones a la prensa antes de impartir en Granada una conferencia sobre derechos humanos y jurisdicción universal. Allí, el juez ha sentenciado: "Yo lo que quiero es que me juzguen ya". El magistrado ha confiado en que con el juicio llegue el momento de la defensa, ya que hasta ahora ha sido "el tiempo de las acusaciones", y ha señalado, en referencia al auto del magistrado instructor de la causa, que no valen "grandes palabras y afirmaciones" cuando éstas están "huecas".

Entre los partidos políticos hay quienes, como el PSOE, por encima de todo defienden la presunción de inocencia de Garzón, sin querer interferir en el proceso judicial. En el caso de Izquierda Unida se habla de linchamiento moral contra el juez. Mientras que el PP recalca que todo ciudadano está sometido al imperio de la ley.

El Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de juicio contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel en prisión entre los imputados en la trama de corrupción y sus abogados. En el auto el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, indica que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados con sus letrados constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. "El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que tuvieron internos con sus abogados" y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", se dice en el auto. El juez instructor da, de esta forma, por concluida la investigación para sentar a Garzón en el banquillo, aunque todavía no hay fecha para el juicio.