El juez Baltasar Garzón ha negado ante el Tribunal Supremo que recibiera dinero del Banco Santander por sus cursos en la Universidad de Nueva York. El magistrado de la Audiencia ha comparecido por segunda vez como imputado ante el Alto Tribunal (15/04/2010)
Y hoy, el Fiscal General del Estado ha planteado la conveniencia de reformar la ley para evitar que se mantengan procesos judiciales solo con la acusación popular, como sucede en el caso de Garzón y en varios más.
En el Tribunal Supremo había hoy una enorme expectación. El juez Baltasar Garzón estaba citado para declarar por una de las tres causas abiertas contra él: los cursos que organizó en la Universidad de Nueva York.
El juez Garzón ha llegado a pie al Tribunal Supremo para declarar por los supuestos cobros recibidos del Banco Santander por unos cursos impartidos en Nueva York, hecho por el que está imputado por un presunto delito de cohecho y prevaricación. Grupos de manifestantes le han recibido a las puertas del Alto Tribunal con gritos de "Inocente, inocente". (15/05/10)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha señalado que admite críticas en relación al proceso abierto contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, pero considera "intolerable" que se llame "torturadores" a los jueces del Tribunal Supremo. (15/04/10)
El letrado Carlos Slepoy ha explicado en 'La Noche en 24 Horas' los argumentos de la querella que han presentado ante un triubunal de Buenos Aires en nombre de varias víctimas de la dictadura española, en la que se dio una "criminalidad masiva y continua". Además, ha defendido al juez Garzón.
Las familias de dos víctimas del franquismo se han basado para ello en el principio de justicia universal.
Sobre todo por algunas de las palabras que pronunció el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo. Las interpretan, de forma mayoritaria, como un ataque a las instituciones y hacen un llamamiento para rebajar tensiones.
Con esta querella quieren apoyar al juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por la investigación de esos asesinatos.
El lider del PP lo califica de antidemocrático y pide la dimisión del Secretario de Estado de Política territorial por haber acudido. La vicepresidenta del Gobierno reclama respeto a la Justicia a la vez que defiende el derecho de los ciudadanos a opinar.
