Audiencia Nacional

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido este lunes la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que habían sido designados para juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La mayoría de los dieciséis magistrados que componen esta Sala ha aceptado apartar de este procedimiento al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y a los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo para evitar cualquier sospecha de parcialidad, ya que han participado en la instrucción de esta causa. El magistrado Ángel Calderón, que había sido nombrado ponente, ha anunciado un voto particular por lo que ha sido nombrado nuevo ponente, el magistrado Moliner.

Asi lo han decidido los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta decisión se puede recurrir en el Supremo.

• Desestima los recursos de la defensa de los procesados
• Considera que la organización es del movimiento skinhead

• Califica de "polémico" el régimen de incomunicación al que son sometidos
• El TS absuelve a cuatro condenados por la Audiencia por colaboración con ETA
• El Sindicato Unificado de Policia califica de "barbaridad" la absolución

• El Consejo sostiene que no merece reproche disciplinario
• La denuncia la interpuso el sindicato Manos Limpias
• El etarra Antonio Troitiño se encuentra en paradero desconocido
• El CGPJ estudia la queja de un vocal contra Conde-Pumpido

• La Audiencia les absuelve de secuestrar a la familia dueña del vehículo
• Los hechos ocurrieron en agosto de 2007 en Cuevas de Vinromá

• Los 63 querellantes invirtieron 9,44 millones en pagarés de Nueva Rumasa
• La querella se ha admitido a trámite porque afecta a varias audiencias

• Hay una docena de cargos del PP imputados, entre ellos, su ex tesorero

Correa sobornaba presuntamente a cargos políticos para obtener contratos

• La Fiscalía, de acuerdo para "apartar cualquier sombra de sospecha"
• No apoya el otro motivo de recusación: el interés directo o indirecto en la causa

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por los delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad o contra el derecho de gentes a 20 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador el 16 de noviembre de 1989. Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado este lunes, en el que decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza en caso de que se les entregue, además de ordenar que presten fianza individual de 3.200.000 de euros "para asegurar la responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles". El juez ha adoptado esta decisión después de interrogar a un matrimonio que presenció los hechos, informa TVE. Uno de los militares es el exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios.Los hechos por los que se les ha procesado ocurrieron cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y el salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina.

• La Audiencia Nacional ve delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad
• Decreta la busca y captura de los acusados y prisión provisional comunicada
• El asesinato de Ignacio Ellacuría y del resto de jesuitas se reabre así

Ver también: 'En Portada': Ellacuría, crimen sin castigo

Por el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Iñaki de Rentería, que fue detenido ayer y llevaba en libertad algo más de un año, se ha negado a responder al juez.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado provisionalmente la causa en la que investigaba al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo -imputado en el Caso Faisán- por un delito de colaboración terrorista después de que se incautara a dos presuntos etarras su número de móvil. Se archiva esta pieza separada, pero García Hidalgo sigue imputado por el chivatazo a ETA en 2006 por los delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos. Lo ha decretado el magistrado en un auto notificado este miércoles en el que sostiene que "a la vista del resultado de la instrucción practicada", el hecho de que los etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Suárez Ugarte, detenidos el 29 de marzo de 2007 en Francia (en plena tregua de ETA), tuvieran en su poder el número de García Hidalgo, "carece del debido sustento corroborador" para imputarle un delito de colaboración terrorista.

• El número de móvil de García Hidalgo se incautó a dos presuntos terroristas

El ex director general sigue imputado por el chivatazo a ETA en 2006

En la Audiencia Nacional, el etarra Valentín Lasarte ha pedido perdón a las víctimas y ha pedido a ETA que se disuelva. Ha sido durante el juicio al etarra Juan Ramón Carasatorre, acusado de participar en un ataque con lanzagranadas contra el Gobierno Civil de Guipúzcoa en julio de 1995. Lasarte ha hablado en euskera y ha dicho lo siguiente: "Como piden Sortu, Bildu y toda la socieda vasca pido a ETA que se disuelva, que deje la lucha armada".

• El atentado tuvo lugar en Sallent de Gállego (Huesca) en agosto de 2000
• Los padres de los dos guardias civiles recibirán 400.000 euros

• Susper, absuelto por falta de pruebas y Laia, condenada por colaborar
• El atentado iba dirigido a un concejal de San Sebastián y mató a dos trabajadores

Hoy en la Audiencia han juzgado al etarra Juan Ramón Carasatorre por el asesinato en 1995 del concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordoñez. La Fiscalía pide 30 años de cárcel para él.

• El Ministerio Fiscal había recurrido la sentencia absolutoria de la Audiencia
• La decisión del Supremo no ha sido unánime y habrá varios votos particulares
• Otegi está en prisión preventiva desde 2009 por intentar reconstruir Batasuna

• El tribunal dice que la causa Bateragune es diferente a la de la herriko tabernas
• Esto significa que Otegi puede ser juzgado por las dos y en diferente orden