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La actualidad de estos días pasa por el supuesto fraude del novio de Ayuso a Hacienda, la próxima campaña de la declaración de la Renta y la propuesta de la Generalitat de ser ellos y no el Gobierno, quienes recauden los impuestos catalanes. Todos estos debates se pueden ver reflejados en el libro ‘Los ricos no pagan IRPF: claves para afrontar el debate fiscal' (Capitán Swing) y en Las Mañanas de RNE, hablamos Carlos Cruzado, coautor del libro junto a José M. Mollinedo.

Carlos Cruzado afirma que “la Agencia Tributaria trabaja con autonomía, aunque hay que tener en cuenta que depende del Ministerio de Hacienda, quien ha blindado esta institución hasta cierto punto [...] Hay actuaciones por parte de los distintos gobiernos que hacen poner en duda que se aplique la misma vara de medir, hablamos de casos que han ocurrido en los últimos años, muy llamativos. Hablamos de las amnistías fiscales, como con la lista Falciani [...] igual que en la cuestión relativa al rey emérito". La conciencia fiscal en España es "bastante más baja que en otros países europeos de nuestro entorno. El autor señala que esto se debe, entre otros motivos, a “esa falta de ejemplo que nos dan las élites políticas y empresariales". "Se tienden a minusvalorar los delitos fiscales", explicado Cruzado, quien cree que esto debería generar una reflexión en la clase política y empresarial respecto al cumplimiento fiscal.

Un estudio de Esade EPol sitúa a la economía sumergida en España en un 20% del PIB, una cifra que se mantiene en la media europea, pero que sigue estando muy alejada de países como Francia, Alemania o Países Bajos: “La Ley de Prevención del Fraude de hace tres años establecía la obligación del Gobierno de elaborar informes desagregados por sectores de impuestos. Esto no se ha hecho y no parece que haya intención de hacerlo”, cuenta Carlos Cruzado.

Enrique Santiago, portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, ha defendido en Las Mañanas de RNE que la sociedad española está “cansada de que el PP bloquee la posibilidad de gobernar”, tras conocerse que paralizarán la ley de amnistía con su mayoría absoluta en el Senado. Opina que esa decisión no tiene ningún alcance. “Refleja la negativa del PP a aceptar que no tiene mayoría para gobernar, y seguimos constatando que están dispuestos a destruirlo todo hasta que gobiernen”, reflexiona Santiago.

Bajo el punto de vista del portavoz, la amnistía es constitucional. “En este país el único órgano que declara la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional”. Añade que el PP “lo sabe” porque ha utilizado esta medida de gracia “hasta la saciedad”.

En cuanto a un posible referéndum legal, Santiago argumenta que “todo lo que sea consultar a la ciudadanía conforme a las normas establecidas siempre es bueno” y destaca que “es una práctica habitual en muchos países europeos”. Aunque admite que, de acuerdo a la legislación vigente, no cabe un referéndum, aboga por preguntar a la ciudadanía “cuál es su voluntad de permanencia o no permanencia”.

Sobre el planteamiento de Aragonès de un sistema de financiación similar al vasco para Cataluña, Santiago opina “dentro de las normas constitucionales podría tener un encaje” pero ve un posible problema en el mecanismo de reparto entre las diferentes administraciones central, autonómica y local.

Santiago admite que desde Sumar no están “para nada de acuerdo” con la paralización de los presupuestos de 2024. También destaca que el problema de la financiación autonómica se puede solventar con la prórroga de los presupuestos, si bien ve necesario que ese dinero se gaste. “No puede ser que el Estado transfiera recursos a las comunidades autónomas y las comunidades no los gasten".

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha fracasado en la primera votación de su investidura y no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria al ser rechazado por un bloque en el Congreso formado por 178 diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el BNG.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del Partido Popular, asegura que "ERC, EH Bildu y Junts quieren una amnistía para repetir el 1 de octubre y volver a plantear un referéndum ilegal". Además, Fúnez insiste en que el PP ha cumplido con su deber "como fuerza ganadora de las elecciones generales" y que tienen muy claros sus principios "la defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley". 



  • El presidente Pedro Sánchez anuncia un anteproyecto de ley contra el fraude y actualizará la lista de paraísos fiscales
  • Aumenta el objetivo de déficit de las CC.AA., las grandes empresas tributarán al 15% e introduce cambios en el alquiler

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anuncia un anteproyecto de ley para prohibir nuevas amnistías fiscales, además de incluir en la lista de morosos a las personas que sean responsables solidarias. Propone que las grandes empresas paguen como mínimo el 15% en el impuesto de Sociedades. También confirma que las comunidades autónomas tendrán más margen con un objetivo de déficit del 0,3%.

El Constitucional deslegitima la amnistía fiscal de 2012. Margarita Robles se estrena como portavoz del PSOE preguntando a Rajoy por este tema. Y en la comisión de Hacienda el ministro Cristóbal Montoro defiende la medida.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha insistido este miércoles en que el Tribunal Constitucional declaró ilegal la amnistía fiscal por haber introducido la norma a través de un decreto-ley y que el tribunal ni se pronuncia sobre el contenido ni su sentencia tendrá consecuencia alguna sobre la regularización.

Montoro ha propuesto además que se prohíban por ley las amnistías fiscales, en vista de que "no gustan a nadie". La oposición ha criticado la escasa recaudación para una medida que daña tanto la solidaridad fiscal.

El PSOE y Podemos han pedido la dimisión del ministro de Haciencia, Cristóbal Montoro por la anulación de la amnistía fiscal por parte del Tribunal Constitucional. Durante la sesión de control, Ciudadanos ha lanzado un "reproche moral" porque benefició a Rodrigo Rato, Luis Bárcenas y al clan Pujol, entre otros.

El Partido Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reprobar al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nula la amnistía fiscal de 2012.

Podemos y Ciudadanos también le piden responsabilidades políticas. Desde el PP hacen autocrítica pero defienden la continuidad del ministro.