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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza paralizar Madrid Central

  • Asimismo, recuerda la necesidad de respetar los principios de cooperación y colaboración entre administraciones
  • Las medidas cautelares fueron solicitadas por el PP y la Comunidad de Madrid

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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asiste a un acto de arranque de Madrid Central.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asiste a un acto de arranque de Madrid Central. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado denegar las medidas cautelares solicitadas por el Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Consistorio, con las que querían paralizar la puesta en marcha de Madrid Central.

En su resolución, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda a las administraciones involucradas la necesidad de respetar los principios de cooperación y colaboración por el bien del interés general, que no han regido las relaciones entre el consistorio y la Comunidad, pese a "la trascendencia que tiene para los ciudadanos la restricción de la circulación vial que entraña la aplicación de la disposición general impugnada".

Esta circunstancia, continúa la resolución, demandaba y demanda la implicación activa y "coordinada de ambas administraciones territoriales, con el objeto de incumplir el fin primordial de su propia existencia: servir con objetividad los intereses generales".

Tanto el PP como la Comunidad de Madrid habían pedido paralizar la Ordenanza de Movilidad Sostenible hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto, pero la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no aprecia que exista peligro de que los madrileños sufran un perjuicio "irreparable" si se mantiene la medida.

Sin decidir sobre el fondo del asunto, el TSJ advierte de que la ordenanza municipal concreta intereses generales como la seguridad vial, la "necesaria, ordenada y respetuosa" convivencia entre los medios de transporte, la protección de la salud o la sostenibilidad medioambiental, entre otros.

Y frente a ese interés general "no pueden prevalecer intereses de otras administraciones públicas -no concretados- ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados por las medidas", argumenta el tribunal, sobre todo cuando esos eventuales perjuicios no son cuantificables.

El Gobierno de Carmena aplaude la decisión

El delegado de Desarrollo de Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha señalado que "políticos y jueces" van en la "línea de garantizar el aire limpio".

"Recibimos de manera muy positiva que el TSJM en este caso decida no escuchar a aquellos que querían devolvernos al pasado, que querían llenar el centro de tráfico y contaminación", ha agregado Calvo, que cree que los "jueces y los políticos" van "en la línea de la modernidad, de garantizar un aire limpio en nuestras ciudades y en particular en la ciudad de Madrid".

El responsable de urbanismo ha defendido el "éxito de las políticas de movilidad" del Gobierno de Manuela Carmena, según Calvo "comprometidas, valientes y muy atacadas cuando se plantean", pero "asumidas por todos cuando se ponen en marcha y cuando se ve que funcionan".

La Comunidad niega que el rechazo sea un batacazo

El portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha negado que el rechazo del Tribunal Superior de Justicia madrileño a las medidas cautelares solicitadas por el PP y la Comunidad para paralizar Madrid Central sea un "batacazo" ya que ha dicho que "eso no significa que no se siga analizando el fondo".

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Rollán ha negado que esta decisión haya sido un "batacazo". "Batacazo en absoluto, ni batacazo ni enfrentamiento, ha sido el equipo de Gobierno de (Manuela) Carmena el que ha adoptado una medida con un claro contenido político", ha señalado.

El portavoz regional ha comentado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la suspensión cautelar pero "sigue estudiando y analizando los razonamientos desde el punto de vista de invasión de competencias".

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