Enlaces accesibilidad

El Supremo venezolano en el exilio admite querella contra Maduro por Odebrecht

  • El TSJ "se reserva el derecho de pronunciarse" sobre una posible detención
  • La exfiscal Ortega considera que hay "mérito para iniciar causa penal" contra él
  • Se hicieron contrataciones de obras con Odebrecht por 2.500 millones de dólares

Por
El Supremo venezolano en el exilio admite querella contra Maduro por Odebrecht
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia venezolano en el exilio Miguel Ángel Martín, presidente; Rommel Gil, magistrado ponente, y Antonio Marvel, vicepresidente, han hablado este martes en Miami (EE.UU.). EFE

El Tribunal Supremo venezolano en el exilio ha admitido este martes a trámite una solicitud de la exfiscal general Luisa Ortega para que determine si el presidente Nicolás Maduro debe ser juzgado penalmente por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

La decisión ha sido anunciada al término de una reunión de la Sala Plena del TSJ celebrada este martes en Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, para evaluar la petición de "antejuicio de mérito" planteada por Ortega, que también está exiliada.

Han participado en la reunión ocho magistrados del TSJ en el exilio radicados en Florida, además de otros conectados vía telefónica o internet desde Panamá, Colombia y Chile, que han decidido admitir a trámite la solicitud.

Sobre la petición para que se detenga a Maduro y se pida a Interpol orden de captura contra él, el TSJ en el exilio ha anunciado que "se reserva el derecho de pronunciarse" sobre esas medidas, cuando decida sobre "la existencia o no de méritos para el enjuiciamiento de quien ejerce el cargo de Presidente de la República de Venezuela".

El Supremo venezolano en el exilio admite querella contra Maduro por Odebrecht

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia venezolano en el exilio se han reunido este martes en Miami (EE.UU.). EFE



En su petición, la exfiscal Ortega considera que hay "mérito para iniciar causa penal" contra el presidente Maduro, "con ocasión a la presunta participación en hechos de corrupción que surgen de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía General de la República en el año 2015".

Se obtuvo información del 'caso Odebrecht' en 2015

Esa investigación está referida a supuestas irregularidades en la ejecución de una obra de infraestructura en el estado Zulia conocida como el Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo.

Como resultado de esas pesquisas se obtuvo información acerca de contrataciones de obras con Odebrecht por una suma de 2.500 millones de dólares que "no han sido culminadas y otras que jamás se llegaron a ejecutar en el país".

La exfiscal general indica además que hay pruebas de que Maduro, cuando era canciller, recibió "grandes cantidades de dinero en dólares" para el pago de las campañas presidenciales de Hugo Chávez y luego para el pago de la suya propia, tras la muerte del líder bolivariano en 2013.

"Todo por instrucciones del fallecido presidente Hugo Chávez Frías y con la complacencia del Gobierno brasileño presidido por el señor (Luiz Inácio) Lula da Silva", señala Ortega.

Según dice Ortega, la Fiscalía concluyó que "se conformó una red de corrupción con altos funcionarios del Estado venezolano, los cuales identifica con prácticas que van desde el cobro de vacunas, sobornos y comisiones, penetrando así gran parte de la estructura gubernamental que influyó en forma decisiva en el destino de Venezuela".

Maduro deberá comparecer el 3 de abril en EE.UU.

Miguel Ángel Martín, presidente del alto tribunal nombrado por la Audiencia Nacional venezolana, que se define como "legítimo" y cuyos miembros están exiliados en EE.UU. y otros países, ha dicho a Efe que Maduro y el actual fiscal general, Tarek Saab, van a ser notificados inmediatamente para que el primero comparezca a una audiencia oral y pública fijada para el 3 de abril en EE.UU.

Preguntado por Efe por el lugar donde se celebrará tal audiencia, Martín ha señalado a Efe que aún no se ha determinado.

Para Miguel Ángel Martín, el objetivo es "dar derecho de palabra a cada parte".

Después de esa audiencia, el tribunal tiene 30 días para tomar una decisión sobre la solicitud de Ortega, ha explicado.

Noticias

anterior siguiente