La jueza archiva la causa contra el obispo emérito de Cádiz por una ayuda de 300.000 euros

• Sostiene que no se le puede responsabilizar de la "caótica" gestión de la Junta
• El Obispado solicitó el dinero para mantener 50 puestos de trabajo en un geriátrico
• La jueza también ha archivado la causa de Azucareras Jaén
• Ver también: Claves de los ERE / Quién es quién en el juicio de los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos

La juez que insvestiga el caso de los ERE, María Núñez, ha archivado la pieza separada en la que investigaba al obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 para pagar las nóminas a los 50 trabajadores de un geriátrico propiedad del Obispado mientras duraban unas obras. La instructora señala que "más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación" del Gobierno autonómico.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la jueza ha señalado que "ninguna responsabilidad penal" se puede atribuir a los beneficiarios de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo, cuya "gestión y tramitación" se podría calificar "como caótica por el desorden en la tramitación de los expedientes", algo de lo que "no se puede responsabilizar al ciudadano", ha añadido.

La letrada ha archivado la pieza tras asegurar que la ayuda "no cabe la menor duda" de que se solicitó "porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita" y que el dinero llegó a "los 50 trabajadores y no al Obispado".

Esta ayuda fue una de las revisadas por el Gobierno andaluz tras estallar el caso ERE y en julio de 2012 el director de Relaciones Laborales propuso anularla y exigir su devolución pero en octubre de ese año la Consejería de Economía y Empleo -dirigida entonces por Antonio Ávila- propuso archivar el expediente de reintegro porque iría "contra la buena fe de los trabajadores" del geriátrico y el Consejo Consultivo lo avaló.

La ayuda se otorgó siendo consejero de Empleo Antonio Fernández y director de Trabajo Juan Márquez -aunque en su auto Núñez alude a la gestión de Guerrero-, inicialmente investigados pero posteriormente excluidos por ser ya juzgados en la pieza política del caso ERE en aplicación del principio por el que una persona no puede ser enjuiciada dos veces por los mismos hechos.

El obispó declaró que pidió la ayuda para "salvar" 50 puestos de trabajo

En su declaración ante la jueza, en abril del año pasado, el obispo explicó que se había comprometido a pagar al medio centenar de trabajadores del geriátrico "mientras duraban las obras del edificio y se iniciaba la actividad por la nueva entidad que asumía la gestión", pero ante el retraso el Obispado no tenía recursos y estaba preocupado porque "como cristiano, siento debilidad por los pobres, enfermos y parados".

Por ello pidió una ayuda de la Junta, que le fue concedida y que agradeció porque "se salvan 50 puestos de trabajo que iban a la deriva".

Para la jueza Núñez, "la ayuda se pide en la convicción del derecho, bajo el principio de confianza en la administración, y dando el destino a la misma para el que se otorgó, lícito y justificado" y "tanto la empresa, en este caso el Obispado, o los trabajadores, se ajustan, en su actuar, a lo que marca o señalan las administraciones".

"No es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la administración", añade la jueza.

Por ello sostiene que "si la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación, salvo que nos conste fehacientemente" que actúa "en connivencia con el concedente para obtener una ayuda a la que no tiene derecho" buscando un "lucro injustificado".

Archivada también la pieza de Azucareras Jaén

Por los mismo argumentos, la instructora ha vuelto a archivar la causa contra Azucareras Reunidas de Jaén por las ayudas recibidas por valor de 1.3 millones de euros para 57 prejubilaciones.

Núñez archivó esta pieza en octubre de 2016 pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió porque consideró la decisión de la jueza de instrucción 6 de Sevilla "apresurada y precipitada" al haberse apenas iniciado la investigación judicial, y la Audiencia estimó su recurso en abril de 2017 y ordenó a la instructora reabrirla.

Sin embargo, Núñez ha vuelto a ordenar su cierre al considerar que "no se constata conducta alguna, ni de los representantes sindicales, ni de las personas que intervienen en nombre de la empresa, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno" pues "se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones", ha explicado en el auto.