Bruselas propone que el período de transición tras el Brexit termine el 31 de diciembre de 2020

• Recorta en tres meses el plazo que quiere el Gobierno británico
• Los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete deben pronunciarse en enero
• La Comisión Europea planifica sólo dos meses para negociar la transición

La Comisión Europea recorta en tres meses la transición de dos años que desea Londres tras el Brexit.

La Comisión Europea ha propuesto que el período de transición solicitado por Reino Unido que se aplicará una vez abandone la UE en marzo de 2019 debería concluir el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el actual marco financiero plurianual. Esto supone recortar en tres meses el plazo de dos años que desea el Gobierno británico.

"Las disposiciones transitorias deberían empezar a aplicarse desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada y no deberían prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2020", señala el documento difundido este miércoles por el Ejecutivo comunitario, que es la propuesta que ahora deben analizar los 27 Estados miembros de la UE y que debería estar aprobada antes de que empiece febrero.

Según ha explicado el jefe negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier, en una rueda de prensa, "este período de transición debe ser corto y limitado en el tiempo".

Barnier ha recordado que, tal y como se ha comprometido Londres en el acuerdo de divorcio alcanzado la semana pasada, durante esa transición, "todas las nuevas reglas de la UE que se adoptarán durante la transición se continuarán aplicando en Reino Unido", con lo que -ha insistido- "no habrá una transición a la carta".

"Estamos sólo al principio de la ruta para establecer las condiciones de esta retirada ordenada", ha subrayado el jefe del equipo negociador de la Comisión Europea.

Dos meses para negociar la transición

Ese período de transición reclamado por Theresa May debería garantizar un Brexit "blando", al tiempo que concede más tiempo para negociar cómo será la futura relación entre Reino Unido y la UE, que supuestamente adoptará la forma de un acuerdo comercial reforzado como el firmado entre el bloque y Canadá.

Una vez que los jefes de Estado y Gobierno hayan ratificado sus condiciones comunes sobre la transición, se abrirán oficialmente las negociaciones con los británicos sobre ese período.

Según el calendario definido por Bruselas, que es muy justo para la envergadura del reto, esa fase de la negociación debería concluir en marzo de 2018, para poder iniciar después la discusión sobre lo más complicado: definir la futura relación comercial y económica entre Reino Unido y la UE.

El objetivo del Ejecutivo comunitario es aprobar en octubre del año que viene un acuerdo de retirada que incluya las condiciones del divorcio y del período de transición, así como una declaración conjunta en un anexo que defina las grandes líneas de las relaciones futuras entre ambas partes.

Sólo cuando se ejecute la salida de Reino Unido y se entre en la fase de transición en marzo de 2019, podrán comenzar formalmente las negociaciones comerciales en sí mismas, con la idea de que puedan entrar en vigor a principios de 2021.

Dentro del mercado único, pero sin voz ni voto

Según las directrices recomendadas por Bruselas, durante el período de transición, Reino Unido seguirá participando en la unión aduanera y el mercado único (con las cuatro libertades). El acervo de la Unión -es decir, el conjunto de toda la legislación comunitaria- debe seguir aplicándose en Reino Unido como si se tratase todavía de un Estado miembro. Cualquier cambio que se introduzca en el acervo durante este período debe aplicarse a Reino Unido "de forma automática".

"También se aplicarán todos los instrumentos y estructuras existentes de la Unión en materia de regulación, presupuesto, supervisión, justicia y ejecución, incluida la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", subraya el documento.

Reino Unido será un tercer país desde el 30 de marzo de 2019 y "como consecuencia, dejará de estar representado en las instituciones, agencias, organismos y oficinas de la UE", advierte el texto.