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La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para sus consejeras por el 9N

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Artur Mas por el 9N

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La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve años para las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia por haber mantenido la consulta del 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Una solicitud que el expresidente catalán ha recibido como un "honor" y acusando al Gobierno de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" el proceso participativo del 9N, que califica de "cívico y democrático".

En su escrito de calificación, presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las conselleras como cooperadoras necesarias.

En principio, pide penas de diez y nueve años de inhabilitación por ambos delitos en concurso, pero, para el caso de que el TSJC decida aplicarlos por separado, propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

La Fiscalía ve "una estrategia de desafío completo y efectivo"

El TSJ catalán, tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.

En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N" que ya estaban en marcha.

"Generar la apariencia de que las actuaciones se paralizaban"

La Fiscalía sostiene que Mas no solo no suspendió "oficialmente" la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconselleras, "generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así".

A ello contribuyó, según la Fiscalía, el hecho de que los principales trabajos organizativos y logísticos del 9N "fueran principalmente encomendados a contratistas privados, y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas".

De hecho, los fiscales apuntan que, ya al convocar la consulta, los acusados recurrieron a "actos jurídicos no formalizados, incluso meramente materiales", con lo que en su opinión "eran conscientes desde un principio de la posible impugnación de la misma por parte del Gobierno de la Nación y de la consecuente interdicción jurisdiccional, y actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control jurisdiccional".

Concretamente, la Fiscalía acusa a Mas de haber "desatendido el mandato" del TC e incumplir su obligación de dejar si efecto la convocatoria y a Ortega de seguir ejerciendo el "control público y la coordinación" de las actuaciones de preparación de la jornada de votación, tras la suspensión.

Mas conoció la resolución el mismo día que se suspendió la consulta

En el caso de Rigau, el Ministerio Público cree que actuó "de forma coordinada con los anteriores", garantizando que los directores de instituto, "con mayor o menor convencimiento individual", siguieran prestando el apoyo necesario para que los centros educativos acogieran las urnas.

La Fiscalía mantiene que, pese a que la resolución del TC llegó a la Generalitat por correo ordinario el 6 de noviembre -tres días antes de la consulta-, Artur Mas la conoció por un correo electrónico que el presidente del Tribunal Constitucional le remitió personalmente el día 4, el día en que se suspendió.

Ese mismo día, razonan los fiscales, el propio gobierno catalán ordenó presentar recurso de súplica contra la providencia del TC, cuya sola lectura no dejaba "margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión acordada: toda actuación pública, estuviera o no formalizada jurídicamente, que contribuyera a impulsar la convocatoria señalada para el día 9 de noviembre siguiente".

El TC anuló, en febrero de 2015, la consulta y la ley en que se fundamentó su convocatoria, al considerar según su resolución que se trataba de un referéndum de los reservados en la Constitución para el Estado.

Las dos exconselleras encausadas negaron ante el TSJC que desobedecieran al TC porque el proceso participativo fue organizado por voluntarios. Mientras, Artur Mas, se presentó en su decalración ante el tribunal como el "único responsable" de "haber escuchado" a los ciudadanos y coincidió con las exconselleras en que fueron voluntarios quienes ejecutaron el proceso.

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