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Las ONG podrán intervenir en la gestión sanitaria y social de los internos en los CIE

  • Así figura en el reglamento aprobado por el Gobierno para estos centros
  • La nueva norma cubre un "vacío legal", según Sáenz de Santamaría

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El Consejo de Ministros aprueba el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros

La gestión y organización de la asistencia sanitaria, social y cultural de los inmigrantes internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la llevarán a cabo tanto los empleados públicos como las ONG, mientras que la seguridad recae en el Cuerpo Nacional de Policía.

Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y que se incluyen en el real decreto sobre la regulación de los CIE, aprobado este viernes por el Ejecutivo.

Asimismo, los internos tendrán derecho a ser informados de su situación en un idioma que les sea comprensible, y a contactar con las ONG que puedan ayudarles. La nueva norma también regula el derecho de estas personas a formular peticiones y quejas e interponer recursos sobre el funcionamiento del centro.

Una "reforma integral"

El ministro ha asegurado que se trata de una "reforma integral" del funcionamiento de estos centros, que persigue garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en España, y que pueden estar un máximo de 60 días en estas instalaciones. Si bien la media de permanecia es de 22 o 23 días.

Ha destacado que esta norma ha sido una de las prioridades de Interior desde el comienzo de la legislatura. Con la nueva regulación, se prevé la posibilidad de firmar convenios de colaboración con ONG, con el fin de que participen en la prestación de servicios de asistencia social a los internos.

Finalmente, según Interior, ha sido dictaminado por el Consejo de Estado, cuyas observaciones han sido aceptadas en su práctica totalidad, lo que ha contribuido a mejorar técnicamente el reglamento.

Se cubre un "vacío legal"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha valorado el nuevo reglamento que en su opinión "cubre un vacío legal" y ha contado con las aportaciones de distintas instituciones, grupos parlamentarios y organizaciones como el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado.

Según el Gobierno, el texto desarrolla "de manera muy garantista", el estatuto jurídico de los extranjeros, mediante la regulación pormenorizada de sus derechos y deberes, y prevé la participación de las ONGs en los servicios de asistencia social y en las visitas a los centros.

También se regula la formación del personal del centro, normas de conducta de sus trabajadores y la creación de libros registros. Todo ello, según el ministro, "va en la línea" de garantizar en todo momento que se respetan y se protejan los derechos de las personas allí ingresadas.

Para ello, según ha indicado el ministro Fernández Díaz, se ha incrementado el presupuesto. A los 8,8 millones de euros anuales de coste de funcionamiento de los actuales centros de internamiento de extranjeros (no se incluyen los gastos de retribuciones de personal), se añaden otros tres millones de euros adicionales para reforzar los servicios de intérpretes, de asistencia sanitaria, servicios sociales y suministros varios: kits de aseo personal, vestuario, productos farmacéuticos...

También se prevé destinar a corto plazo una inversión de 2,56 millones de euros para la mejora y adaptación de los módulos, espacios de ocio y del equipamiento de los CIE, ha precisado el ministro.

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