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La juez Alaya vuelve a bloquear las cuentas del "conseguidor" de los ERE y su cuñado

  • La Audiencia de Sevilla había desbloqueado las cuentas esta mañana
  • La fianza para que Juan Lanzas salga de prisión es de 450.000 euros
  • La juez Alaya imputa siete delitos al abogado Carlos Leal
  • Consulta el gráfico: ¿Quién es quién en el caso de los ERE?

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La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha vuelto a bloquear las cuentas bancarias del “conseguidor” de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y de su cuñado, Ismael Sierra. 

Esto sucede después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara el auto de la instructora el pasado mes de abril,  "por falta de motivación" que “vulnera los derechos fundamentales” de los recurrentes. Además, de por la "indeterminación" en cuanto a los productos bancarios y financieros a bloquear y a sus titulares.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la instructora ha ordenado de nuevo este bloqueo por medio de un decreto de embargo firmado por la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En estas cuentas figuraban como cotitulares los padres del "conseguidor".

En este decreto, el juzgado subsana la "falta de motivación" apreciada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla e identifica de manera más concreta a los titulares tanto de las cuentas como de los productos bancarios y financieros bloqueados. 

Respecto al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, que salió de prisión tras pagar la fianza de 50.000 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial de Sevilla levantó el bloqueo de siete cuentas asociadas a Imaginae Solutions.

Ingreso en prisión de Lanzas

Hay que recordar que, el pasado mes de marzo, la juez Alaya ordenó  el ingreso en prisión sin fianza de Juan Lanzas en el marco de la  operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil para  investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las  mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas  con los ERE.

El abogado de Lanzas recurrió posteriormente este auto de prisión  ante la Audiencia Provincial, quien acordó su puesta en libertad bajo  fianza de 450.000 euros, cantidad que hasta el momento no ha podido  abonar.

En este sentido, el abogado de Lanzas, Pablo Luna, ha informado a  Europa Press de que tiene previsto pedirle a la juez una rebaja de  dicha fianza a fin de que su cliente puede abandonar la cárcel de  Sevilla-I donde ingresó el pasado día 22 de marzo.

En el auto de prisión, la juez Alaya atribuyó a Lanzas un  "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias  principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento  conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas  pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez,  fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.

La juez Alaya imputa siete delitos al abogado Carlos Leal

Por otra parte, la juez Alaya ha imputado un total de siete delitos al abogado  Carlos Leal Bonmati,  del bufete sevillano Estudios Jurídicos  Villasís, y le ha atribuido haber participado en la "trama" desde el  año 1999, año al que la magistrada ha decidido ampliar la  investigación mediante un auto conocido esta semana, según han  informado fuentes del caso.

Leal se ha dirigido a los periodistas tras su declaración y ha asegurado que "por sus cuentas no ha pasado dinero público, ni un euro" y ha añadido que "no tiene nada que ocultar".

La magistrada ha imputado al letrado sendos  presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil,  contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho,  asociación ilícita y malversación impropia.

Durante más de una hora, la magistrada le ha leído los hechos que  le imputa y que, a su juicio, "ponen en evidencia su rol delictivo  dentro de la trama", en la que habría supuestamente participado desde  el año 1999 a través de los expedientes de Faja Pirítica, Santana,  Aglomerados Morell o Río Grande, entre otros.

Carlos Leal era el último de los imputados que faltaba por  declarar ante la instructora en relación a la operación 'Heracles'  desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil para  investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las  mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas  con los ERE.

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