La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este jueves que acampar en la Puerta del Sol es "ilegal" y supone una "privatización del espacio público", por lo que se ha mostrado contraria a dicha pretensión de cara al primer aniversario del movimiento 15M.
En los pasillos en la Asamblea de Madrid, poco antes del Pleno, la presidenta regional ha manifestado además que la decisión tomada por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, de permitir 35 horas de concentración de 'indignados' entre el 12 y el 15 de mayo es "muy generosa", en su opinión "en exceso", pero "respaldada por los tribunales".
Con estas últimas palabras se ha referido al recurso planteado por el convocante de las concentraciones, que pedía una concentración ininterrumpida de 96 horas esos días, y que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha admitido por extemporáneo.
Aguirre cree que la Justicia ha actuado correctamente ya que hay que cumplir el plazo para presentar los recursos.
Por otra parte, los responsables del dispositivo policial barajan la posibilidad de establecer controles a la entrada de la Puerta del Sol con la intención de requisar todo tipo de material de acampada para evitar que se produzca la misma situación que el año pasado, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo.
En concreto, la iniciativa consistiría en establecer filtros formados por agentes del orden en los accesos a la Puerta del Sol requisando tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas y otro tipo de objetos que puedan ser susceptibles de ser empleados por los asistentes para permanecer en la plaza de manera permanente. No se trata de impedir el acceso a los manifestantes, pero sí evitar el acceso con esta clase de artículos, precisan estas fuentes.
El mecanismo, por tanto, sería similar al que se emplea en ese mismo lugar cada Nochevieja para impedir que los asistentes introduzcan botellas de vidrio para evitar incidentes.
Desde la Policía son conscientes de que deben prestar especial atención a la prevención y la anticipación ya que, de producirse una acampada, aumentaría la dificultad para impedirla y habría que recurrir a la intervención, un extremo que desde el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, pretenden emplear como último recurso.
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