Andalucía, Cataluña, Canarias y País Vasco se oponen a las propuesta de ahorro de Wert

  • Hablan de conflicto competencial y de medidas más allá de lo coyuntural
  • Las comunidades del Partido Pupular apoyan las propuestas
  • Wert expone a los consejeros su plan para ahorrar 3.000 millones
RTVE.es/AGENCIAS 

Las propuestas del ministerio que dirige José Ignacio Wert para ahorrar 3.000 millones en Educación no han sido bien acogidas por las comunidaes autónomas en las que la cartera regional depende del PSOE y tampoco en Cataluñua. En el lado opuesto, los gobiernos populares han querido mostrar su apoyo a la propuesta ministerial, que este viernes será llevada previsiblemente al Consejo de Ministros.

Un paquete de reformas flexibles y coyunturales que se consuman en seis propuestas: se aumenta el ratio de alumnos por aula; aumentan tambíen las horas lectivas del profesorado;no se podrán crear nuevos complementos retributivos; las bajas inferiores a diez días se afrontarán con recursos del propio centro; los módulos de FP de 2.000 horas se aplazan al curso 2014-2015; y los centros no tendrán que ofrecer obligatoriamente al menos dos de las tres modalidades de bachillerato.

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Isabel Celaá, ha asegurado que las medidas son de "recorte" y "no de eficiencia" y ha avisado que van a estudiar "jurídicamente" tres de ellas porque pueden "invadir" competencias sustituciones del profesorado, los complementos retributivos y el horario lectivo del profesorado. Este uno de los principales argumentos para los que critican el paquete de seis medidas que incluye también a los representes de Canarias, Cataluña y Andalucía.

El consejero de esta ultima comunidad, Francisco Álvarez de la Chica, ha destacado también que con estas medidas, que en principio son flexibles y dependerán de los ajustes que tengan que hacer en cada comunidad, "no no hay margen de maniobra" para las autonomías.

De la Chica ha señalado que las comunidades que "no hagan lo que se ha dicho se les aplicará el mazo de la ley de Estabilidad Presupuestaria con todas sus consecuencias".

Según el consejero andaluz  todas las comunidades gobernadas por el PP han reconocido que ya venían aplicando estas medidas, por lo que se ha preguntado que sí es así, "de dónde van a salir los 3.000 millones".  El consejero andaluz ha asegurado que todo esto "ha sido un montaje" para dar "un paraguas permeable a las comunidades del PP que ya lo tenían previsto con todas sus consecuencias".

"No tendra vuelta atrás"

"Lo que arranca aquí no tendrá vuelta atrás", ha dicho el consejero, quien además ha criticado que no había recibido ni un solo documento, y todo lo aprobado era de carácter verbal.

"Las medidas van encaminadas a reducir la plantilla, a subir los ratios, a bajar el número de horas lectivas del profesorado. El ministro habla de medidas extraordinarias pero son irreversibles y van a afectar a generaciones", ha recalcado también la viceconsejera canaria.

"Lo que también nos preocupa es si este melón que se va a abrir se abre para todo el mundo: para la concertada o para la no concertada, para el profesorado de matemáticas o para el de religión. Esto es lo que nos falta saber", ha señalado.

Dicho esto, Armas ha pedido a Wert que tenga en cuenta a aquellas comunidades que ya han recortado su presupuesto en estas materias y le ha instado a que explique qué aspectos o sistemas se van a "tocar".

Por su parte, la consejera catalana, Irene Rigau, ha recordado que Cataluña ya ha puesto en marcha recortes, propios del autogobierno, por lo que entiende que no hace falta que el Ministerio le diga «cómo y dónde debe recortar».

Por ello, ha indicado que sale de esta reunión con una lectura nada positiva, ya que las comunidades no han podido participar en las  propuestas, sino que han sido culpabilizadas del déficit, cuando éste  debería abordarse desde "un punto de vista global y no sectorial". 

Así que, como el País Vasco, se propone examinar las propuestas y no descarta recurrilas.

"No van a mermar la calidad educativa"

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han agradecido este lunes al Gobierno que les haya informado del recorte presupuestario que va a sufrir la educación, un ajuste que, según han asegurado, supondrá "salvar la educación" y no tiene por qué suponer una merma en la calidad. Además, la mayoría han destacado que cada región podrá aplicar el plan en función de sus necesidades y que algunas de estas medidas ya se venían aplicando en sus respectivos territorios.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha sido uno de los primeros en "agradecer la disposición" del ministro del ramo, José Ignacio Wert, a "salvar la educación" porque les facilita un "paraguas para ser flexibles al acometer estas medidas, que no son impuestas sino de libre disposición".

Marín ha descartado que estas iniciativas conlleven el despido de profesores y ha afirmado que "no van a mermar la calidad educativa".

Tras remarcar que todas estas medidas son "reversibles" y que su finalidad ahora es "salvar la educación", ha ensalzado la disposición del ministerio a convocar esta Conferencia Sectorial para informar a las comunidades, ya que, a su juicio, esto indica que ha sido "una reunión desde el consenso en la que se deja participar".ocumentación.

En los mismos términos que el consejero castellano-manchego se ha pronunciado el riojano, Gonzalo Capellán, quien ha valorado la "deferencia" del Gobierno por "compartir" con las comunidades autónomas las medidas a tomar para llevar a cabo el ajuste.

En su opinión, se trata de medidas que "flexibilizan" algunas de las "legislaciones básicas" educativas para que "cada comunidad autónoma las pueda aplicar de acuerdo con su realidad". "Ahora toca estudiarlas y aplicarlas a nuestra realidad, y existe margen para mejorar algunos aspectos unidos a la calidad", ha asegurado.

Medidas revesirbles y coyuntarales

El consejero de Educación, Formación y Empleo de Murcia, Constantino Sotoca, ha insistido en que se trata de medidas "reversibles, coyunturales, que obedecen a una situación concreta, a un problema concreto", por lo que, a su juicio, "el sentido común impone que el plazo de adoptar estas medidas es mientras se hace la consolidación fiscal".

Según Sotoca, el ajuste provendrá, entre otras cosas, de que el hecho de que se incrementen las horas lectivas no implicará un aumento del número de docentes, quienes no tendrán nuevos complementos retributivos. Sobre el aumento de la ratio de alumnos, ha explicado que es algo que se tendrá que estudiar "pormenorizadamente" porque todo dependerá de las características de los centros.

Así se ha pronunciado también el consejero gallego, Jesús Vázquez, quien ha relacionado estas medidas de recorte con la "situación económica terrible" por la que atraviesa España, por lo que ha señalado que al ministerio "le honra que ponga encima de la mesa medidas tendentes a buscar una sostenibilidad del sistema educativo con medidas que no tienen por qué incidir en la excelencia y la calidad".

Como a la Región de Murcia, para la Xunta de Galicia "no se puede hablar de una reducción de profesores porque dependerá" de las circunstancias. "Es el momento de actuar valientemente, y en ese sentido así han sido las decisiones que ha puesto encima de la mesa hoy por primera vez el ministro", ha añadido Vázquez.

La madrileña Figar estudiará estas medidas de "ahorro y racionalización"

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha explicado que una de las medidas adoptadas es la prohibición de fijar nuevos complementos retributivos, al tiempo que ha comentado que la región estudiará todas estas iniciativas de "ahorro y racionalización" propuestas por el ministerio en base a no "perjudicar" la calidad del sistema.

"Hay que estudiar los instrumentos de ahorro y racionalización, comprometernos con el objetivo de déficit del Estado y hacerlo sin perjudicar la calidad de la enseñanza", ha recalcado la consejera madrileña.

Por su parte, La consejera de Educación, Cultura y Universidad de Aragón, Dolores Serrat, ha señalado que se trata de medidas "prioritarias" y "flexibles" para que cada comunidad las adopte "dentro" de su propio plan de racionalidad. No obstante, ha reconocido que la principal preocupación de Aragón es la "dispersión territorial" ya que, ha recordado, en la región hay una "amplísima dispersión de centros" con un número de alumnos "muy por debajo de lo casi sostenible".

"Me preocupa la dispersión territorial unida a la inestabilidad del profesorado", ha comentado para insistir en que "ninguna de las medidas que se han propuesto inciden directamente en la calidad del sistema educativo español".

"Situación necesaria"

Como el resto de comunidades del PP, el director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, considera que el plan de ajustes "no va a suponer un retroceso" en la calidad del sistema educativo porque son medidas "de carácter temporal y que se pueden aplicar con flexibilidad".

"Es una situación necesaria y es necesario la aplicación de mucha inteligencia de los que tienen la responsabilidad política y esfuerzo por parte de los agentes sociales", ha señalado Sánchez-Pascuala, que también ha manifestado la "necesidad de consenso".

También la consejera de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, María José Catalá, ha indicado que las medidas no conllevarán despidos en su comunidad, pero que sí supondrán un ahorro, ya que la contratación de nuevos profesores será menor.

En concreto, Catal ha destacado que en la región no es necesario que haya despidos en educación, ya que los profesores que contiene el sistema "se necesitan", pero si habrá menos contrataciones ya que una de las medidas que se contempla es el aumento de los horarios de los profesores, lo cual conllevaría que si se aumentan "mínimamente" los horarios, no se necesiten tantos profesores nuevos de cara al nuevo curso.

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