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El exdirector de Trabajo de Andalucía declara que no tomó "decisiones unipersonales"

  • Su chófer le acusó de otorgarle subvenciones con las que compró cocaína
  • Guerrero dijo que era "completamente falso" que le ordenara comprar droga
  • Alega que daba "cumplimiento a un mandato de paz social"

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El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha declarado este jueves, ante la Guardia Civil, que durante el desempeño de su cargo nunca adoptó "decisiones unipersonales" y que las ayudas libradas directamente a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con cargo a la partida presupuestaria 31L respondieron a "codecisiones compartidas".

La comparecencia de Guerrero se enmarca en la investigación que promueve la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a estos fondos, así como su destino general.

Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias incoadas por la juez Alaya, ha comparecido desde aproximadamente las 09.00 horas hasta las 15.00 horas, ante los investigadores de la Guardia Civil en el propio cuartel de la avenida de Eritaña, en Sevilla.

La Guardia Civil, según han informado a Europa Press fuentes del caso, entró en contacto con él vía telefónica al objeto de llamarle a declarar en compañía de su abogado, Fernando de Pablo. Efectivamente, ambos han pasado la mañana en el cuartel central de la avenida de Eritaña.

Ayudas a empresas

La comparecencia de Francisco Javier Guerrero ha versado sobre las "ayudas a empresas" libradas directamente a través del Instituto de Fomento de Andalucía, actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo a la conocida como 'fondo de reptiles'.

Según la investigación, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las ayudas concedidas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

La declaración del chófer

A través de los expedientes de regulación de empleo financiados por este método habrían sido consumadas 72 prejubilaciones fraudulentas y otras 111 presentarían discordancias administrativas, figurando supuestamente entre los beneficiarios de estas prejubilaciones excargos públicos y militantes del PSOE y "amigos" y conocidos de Francisco Javier Guerrero.

El último episodio de la investigación ha sido protagonizado por el que fuera chófer de Guerrero, Juan Francisco T.B., quien ante la Policía Judicial declaró que utilizó subvenciones autonómicas libradas por Guerrero en favor de empresas de su titularidad, en cocaína, "fiesta y copas" para ambos.

De cualquier modo, este jueves los investigadores de la Guardia Civil habrían interrogado profundamente a Guerrero acerca de las ayudas libradas mediante el citado método a determinadas empresas andaluzas, interesándose por expedientes de subvenciones que se remontarían a 2001, 2002 ó 2003. Francisco Javier Guerrero, en ese sentido, habría respondido a los investigadores que a la hora de otorgar estas subvenciones nunca adoptó "decisiones personales", pues el libramiento de ayudas respondería a "codecisiones compartidas".

Codecisiones compartidas

De hecho, habría desgranado a los agentes que, desde su cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social, trasladaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) los expedientes relativos a las ayudas, siendo tales expedientes elevados "al consejo rector" del propio Instituto de Fomento de Andalucía, que finalmente "aprobó" las ayudas actualmente investigadas por la juez Alaya a cuenta de su método de autorización y su destino.

Francisco Javier Guerrero, en ese sentido, habría defendido ante los investigadores que "daba cumplimiento a un mandato" dirigido a consolidar "la paz social" solucionando las situaciones de "personas, empresas y territorios en crisis".

Por último, la comparecencia habría versado, igualmente, sobre "algunas pólizas individuales" de seguro de rentas enmarcadas en los expedientes de regulación de empleo investigados y que sufrirían algún tipo de incidencia, aunque en algunos de estos casos el propio Guerrero se habría mostrado incapaz de aclarar a los agentes determinados detalles de estas pólizas individuales.

Los agentes, según las citadas fuentes, no habrían interrogado a Guerrero acerca de los supuestos aspectos revelados por su antiguo chófer en su reciente comparecencia ante la Policía Judicial de Andújar (Jaén).

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