Hacienda entrega al juez un informe que corrobora los movimientos económicos de Nóos con ánimo de lucro

• Dice que las operaciones no son propias de una actividad sin ánimo de lucro
• Alude al entramado societario creado por Iñaki Urdargarín y Diego Torres

La Agencia Tributaria ha entregado al juez José Castro, instructor del caso Palma Arena y del presunto desvío de fondos cometido a través del Instituto Nóos, presidido entre 2004 y 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdargarín, un informe de más de 140 páginas que detalla los movimientos económicos, gastos e ingresos que efectuó la entidad y que corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro.

El extenso informe detalla de esta forma las numerosas operaciones que llevó a cabo la entidad, la mayoría de las cuales no corresponderían al objeto social de Nóos, cuyos estatutos establecen en concreto que se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuya misión concreta es realizar "investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas".

Los datos aportados por Hacienda revelan así las entradas y salidas que se dio al dinero de Nóos, a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, sus operaciones fiscales así como los diversos cobros que percibió por parte de entidades públicas como privadas.

También queda reflejada su relación con mercantiles como Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, algunas de las cuales han contado con la participación directa de Urdangarín.

Entramado societario

El informe alude a lo largo de sus páginas al entramado societario urdido, según los investigadores, tanto por el marido de la Infanta Cristina como por quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, cuando ambos estaban al frente de esta entidad, haciendo uso para ello de unas sociedades vinculadas a Nóos que tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, tal y como sostienen los investigadores.

Las pesquisas de la Operación Babel apuntan a que todo ello iba dirigido a apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

De hecho, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, así lo hizo constar en el auto que dictó para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Gobierno balear presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

Coste "totalmente desproporcionado"

La resolución judicial asevera, sin embargo, que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

Según la resolución, que recoge la petición del Ministerio Fiscal para acordar la entrada y registro, la acusación pública señala que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente.

La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".