Una circular del Ministerio del Interior para expulsar inmigrantes irregulares "a la mayor brevedad posible" ha generado un aluvión de críticas por su forma --se envió a las comisarías como confidencial-- y porque hace una "interpretación" de la ley que autoriza las "detenciones preventivas".

Se trata de "lo más grave y contrario a la ley que hemos visto en 20 años", según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El PP, en boca de su portavoz Esteban González Pons, ha anunciado este lunes que pedirá "explicaciones al Gobierno".

Por su parte, el sindicato mayoritario de la Policía estudia medidas contra la instrucción que ordena tramitar los expedientes de deportación "a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible".

No obstante, el más rotundo ha sido el Consejo General de la Abogacía Española, que incluso ha calificado la medida de "xenófoba". Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería del organismo, considera la circular como un "reglamento encubierto" de la Ley de Extranjería por el que la Policía "se arroga funciones del poder legislativo".

Según el jurista, además hace "una interpretación excesivamente laxa" de la Ley que al final se traduce en que los extranjeros son privados de libertad por una infracción administrativa cuando ésta aún no ha sido probada, ni el expediente  sancionador correspondiente, iniciado. "La Ley de Extranjería lo que permite es que en el caso de una persona con un procedimiento incoado de expulsión, el instructor pueda adoptar una detención cautelar, pero no antes. En este tipo de  procedimientos que son administrativos no caben medidas previas", ha añadido.

Secretismo "inquietante"

Además, ha apuntado que el carácter secreto de la circular crea una "grave indefensión jurídica" a los extracomunitarios y a los abogados que los defienden. La circular 1/2010, de 25 de enero, precisaba que estaba "prohibida su difusión por personal ajeno" a la Policía, aunque el fin de semana la prensa tuvo conocimiento del texto firmado por el máximo responsable de inmigración de Interior, el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda Álvarez.

El Defensor del Pueblo ha pedido en otras ocasiones que todas las instrucciones o circulares en esta materia sean publicadas en boletines oficiales para evitar una suerte de infraderecho, ajeno al conocimiento de abogados y jueces, informa la agencia Colpisa.

Para el responsable del órgano de gobierno de los letrados, es especialmente "sangrante" la apología de las "detenciones preventivas" que se hace en el documento, sobre todo después de que en varias ocasiones el Consejo Europeo de Derechos Humanos haya criticado a España por este tipo de arrestos preventivos "basados en el color de la piel".

La circular simplemente consagra que la expulsión debe ser la regla imperante

El abogado Javier Galparsoro, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión de Ayuda al Refugiado, ha insistido en la "profunda alarma" que las instrucciones han provocado entre los abogados por "el toque de secretismo en una norma que afecta a los derechos fundamentales". "La circular simplemente consagra que la expulsión debe ser la regla imperante (...) es lo más grave y contrario a la ley que hemos visto en 20 años", ha concluido.

El enfado también ha sido mayúsculo en el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo. El secretario general de la central, José Manuel Sánchez Fornet, ha dicho que sus letrados han encontrado varios aspectos muy polémicos en el documento, ya que, a priori, ordenarían a los funcionarios llevar a cabo acciones al límite de la legalidad.