ALBERTO FERNÁNDEZ Hace casi un año el Parlamento Europeo daba luz verde a una medida que escenificó la división interna en la cámara. Por un lado, el grupo mayoritario (el Partido Popular Europeo) apoyado por liberales, nacionalistas y algunos diputados socialistas (algunos de ellos españoles). Por otro, socialistas, verdes y la izquierda, protestando ante una directiva que califican 'de la vergüenza'.

Su nombre: directiva de retorno, y en ella se recogen una serie de normas comunes para la retención e ingreso de inmigrantes. A partir de 2011 se aplicará en todo el territorio comunitario y establece un periódo máximo de seis meses si una persona 'sin papeles' es expulsada del país, que podría ampliarse hasta los 18 meses en caso de falta de cooperación del inmigrante para su repatriación o problemas en el proceso.

Además, promueve el retorno voluntario de los inmigrantes -durante un periodo de entre siete y 30 días- que puede ir seguida de una decisión expulsión. Si el juez ve que existe una riesgo de fuga podría dictar su internamiento y si es expulsado podría tener prohibido el reingreso en un país de la UE durante un plazo máximo de cinco años.

Otra medida polémica es la que se refiere a los menores inmigrantes no acompañados, que podrían ser internados en un centro como adultos en condiciones excepcionales.

Reacciones encontradas

La directiva provocó una oleada de indignación en muchas asociaciones pro derechos humanos, que lo consideran una regresión en los derechos humanos y una estandarización a la baja de las garantías procesales.

En el otro lado, países como Austria, Francia y Grecia consideraron que la medida era insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que se deja abierta la posibilidad a los países miembros a establecer medidas más generosas.

En este sentido, los defensores de la iniciativa -entre ellos el gobierno español- sostienen que pone límites máximos a cuestiones que antes no lo tenían -el plazo máximo de internamiento- y que su aplicación no es obligatoria. De hecho, España ya ha anunciado que no la aplicará.

Sin embargo, el tema provocó la división en el seno del Partido Socialista, cuyos eurodiputados se dividieron en la votación, mientras que el PP votó a favor e Izquierda Unida lo hizo en contra. Estas posturas se reflejan en sus programas electorales:

• En su manifiesto electoral, el PSOE no aborda la cuestión de la directiva de retorno y se limita a apostar por una política común de inmigración para luchar contra las mafias que trafican con personas y la trata de seres humanos. Además, demanda la creación de los Fondos Europeos para el retorno, los refugiados, las fronteras exteriores y la integración. Por último, defiende unos criterios y una legislación común de asilo para toda Europa.
• El PP da un apoyo específico a la directiva de retorno y apuesta por su implantación en España. Además, quiere establecer un mecanismo de inmigración legal limitado en el tiempo para los trabajadores sin cualificación o poco cualificados y prohibir con norma de rango legal todo proceso de regularización masiva de inmigrantes.
• El programa electoral de IU califica a la directiva de "de la vergüenza" y propone el rechazo activo de todas las políticas que no tengan en cuento la aplicación de los derechos de los inmigrantes que aparecen en las convenciones internacionales. Además, propone la modificación de la directiva de reagrupación familia para que se haga ejercicio de este derecho y que las normas de tratamiento de menores extranjeros respeten la convención de derechos del niño.
• UPyD defiende  que la UE asuma todas las competencias de inmigración y que la política que se siga siga estándares comunes en toda la unión, pero está en contra de la directiva porque afronta el problema de la inmigración desde el punto de vista exclusivo de la seguridad.
• En sus programas electorales, tanto Europa de los Pueblos como Coalición por Europa apuestan por la inmigración ordenada y su condena y lucha contra el racismo, pero no hacen mención a la directiva de retorno.