EFE - BUENOS AIRES La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha ordenado al Ministerio de Planificación que inicie los trámites para la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans, al cual ha ordenado investigar, y ha designado un comité para administrar la línea aérea de bandera.

El Parlamento argentino aprobó el pasado 17 de diciembre una ley que declaró a Aerolíneas y sus subsidiarias empresas de "utilidad pública sujetas a expropiación", con lo que el Estado quedó habilitado para iniciar un juicio sumario para la expropiación de las empresas.

Cristina Fernández instruyó además a la Procuración del Tesoro a presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los "eventuales delitos que, los actuales accionistas mayoritarios de Aerolíneas y sus subsidiarias o aún terceros, hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".

También ordenó al organismo público a denunciar "los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión, así como a iniciar las acciones civiles y comerciales que correspondan a fin de recuperar el patrimonio afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los administradores".

A fin de garantizar "la continuidad y seguridad del servicio" de Aerolíneas, el mantenimiento de las casi 9.000 fuentes laborales en esas empresas y el "resguardo de los bienes" de las compañías, la presidenta ordenó la creación de una unidad administrativa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, la presidenta ordenó al Ministerio de Planificación a elaborar un plan general de negocios para Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

Marsans considera la expropiación una "confiscación"

Marsans ha sostenido que considera la expropiación como una "confiscación" "arbitraria e ilegítima", porque contradice el acuerdo de julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.

El grupo español solicitó el pasado día 12 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una compensación monetaria por la supuesta "confiscación".

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el Estado debe pagar por el objeto de expropiación una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".