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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves al consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, por poner en duda el informe publicado por Cáritas, en el que se recoge que más de un millón y medio de habitantes de la Comunidad se encuentran en riesgo de exclusión social.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por aplicar un impuesto inmediato y extraordinario a los beneficios de las eléctricas para hacer frente a la crisis que va a provocar la guerra. Una crisis que, reconoce, tendrá unas consecuencias económicas y sociales profundas. “Las tres grandes eléctricas han incrementado sus beneficios un 47%. Me parece que deben contribuir en la crisis (…) Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas para compensar lo que estamos viendo hoy: pequeñas empresas, electrointensivas, familias. Piensen que la inflación repercute en nuestra vida”. Hace también referencia al resto de empresas del IBEX: “En el año 21, las empresas en bolsa alcanzaron beneficios por un importa de 64 mil millones de euros. Esos enormes beneficios deben redistribuirse, porque son quienes más tienen”. Por eso, al impuesto de las eléctricas añade dos medidas más: congelar la revalorización de las rentas de arrendamiento y actuar en impuestos concretos para aquellos que menos tienen. Confía en llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno y, aunque descarta ningún tipo de veto, vuelve a exponer su oposición a que España aumente su gasto en defensa: “Mi país necesita incrementar los presupuestos en algunas materias: investigación, sanidad, educación y dependencia. Creo que con la pandemia hemos visto el mal estado en el que se encuentra la sanidad pública. Esto es prioritario”. Apuesta por llegar a acuerdos con los grupos sin “pensar en siglas, sino en medidas eficaces” y califica de inadecuada la receta del PP de la bajada de impuestos. Sobre su futuro político, se mantiene en lo anunciado hace unas semanas en RTVE: empezará un proceso de consulta y a partir de ahí tomará decisiones: “Ahora voy a escuchar”.

El PSOE asegura que el Gobierno cumplirá su compromiso con la OTAN y el gasto en defensa irá subiendo hasta llegar al 2 % del PIB. La medidano ha gustado a Unidas Podemos y tampoco a los socios de investidura, que piden que se centre en medidas sociales. PP, VOX y Ciudadanos sí la respaldan. "Cuando el presidente del Gobierno rectifica es cuando acierta, que nos escuche más y menos a sus socios de gobierno", ha dicho Cuca Gamarra (PP).

El portavoz de Unidas Podemos Pablo Fernández ha asegurado que hay “otras prioridades muchísimo más urgentes” antes que la subida del 2% en el presupuesto de Defensa que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre ellas, ha asegurado que “hay que reforzar los servicios públicos” como la educación, la sanidad, la dependencia o la protección al tejido productivo y a los autónomos”. También ha defendido que deben ser las grandes empresas y las grandes compañías energéticas quienes paguen el coste de la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, se han planteado a la titular de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero, varias preguntas sobre las diferencias de opinión a cerca del envío de armas entre su partido y el PSOE, a las que ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en su nombre y en nombre de todo el Ejecutivo.

Así, Rodríguez ha señalado “la disposición siempre del Gobierno y del presidente de compartir las decisiones y de acordar lo importante” y ha reiterado que “la unión es un intangible como arma de respuesta a la guerra de Putin”, no solo en el rechazo a la agresión, sino también en la respuesta social y económica.

Foto:  EFE/ Fernando Alvarado

El PSOE se ha abstenido y no ha apoyado este martes en la Junta de Portavoces del Congreso la comisión de investigación que proponían Unidas Podemos, ERC y Bildu sobre abusos en la iglesia, así que no se debatirá en el pleno su creación. Su abstención se ha sumado a otra de Ciudadanos, mientras que el PP, Vox y el PNV han votado en contra. Aún así, los socialistas esperan que estos grupos se sumen a la proposición no de ley que registró el PSOE con el PNV para que el Defensor del Pueblo investigue estos abusos.