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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares. El magistrado ha dictado un auto de procesamiento contra el exdirigente del PP de Madrid por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación a esta compra por parte del Canal.

La actualidad de este día viene marcada por el juicio contra el presidente catalán, Quim Torra, por un delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central de retirar las pancartas y los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

El partido entre el Villareal y el Atlético no podrá jugarse finalmente en Miami, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decidiera este viernes desestimar la petición de medidas cautelares que presentó LaLiga que para que pudiera celebrarse pese a la negativa de la Federación Española de Fútbol, de quien depende, en última instancia, la autorización para sacar un encuentro del campeonato liguero fuera de las fronteras de España.

El jurado popular del juicio por la muerte de una paliza de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España en Zaragoza ha declarado culpable de homicidio imprudente al acusado, el antisistema Rodrigo Lanza, y ha apreciado que actuó por motivos ideológicos aunque considera que no vio la prenda que llevaba la víctima.
El veredicto, que no ha sido unánime, determina que Lanza le causó lesiones con resultado de muerte pero no ve probado que actuara con ánimo de matar a Víctor Laínez, de 54 años, por lo que descarta el delito de asesinato.

La fiscal en el juicio por el asesinato de la joven madrileña Diana Quer contra José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha asegurado que existen pruebas "sólidas y muchas" de que el procesado encerró, violó y mató a la joven madrileña el 22 de agosto de 2016. Son los argumentos de la Fiscalía en su escrito de acusación en el que pide para el procesado la pena máxima, prisión permanente revisable, al igual que la acusación particular que ejercen los padres de la joven. Mientras, la defensa del acusado ha sostenido ante el tribunal su argumento de homicidio accidental asegurando que no hay pruebas, así como tampoco hay indicios, ha dicho, de que la introdujera todavía con vida en el maletero del coche.  

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, se sienta desde este martes en el banquillo como único acusado del asesinato, detención ilegal y agresión sexual de la joven Diana Quer. Cinco hombres y cuatro mujeres conforman el jurado popular, que ya este martes escuchará la declaración del único encausado, para quien tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal demandan la máxima pena, la de prisión permanente revisable, que requiere probar que hubo agresión sexual. Diana Quer salió el 22 de agosto de 2016 a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba con su madre, Diana, y su hermana menor, Valeria; una romería local de la que nunca regresó. 

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes a la defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras al considerar que se debió reconocer al líder de ERC como eurodiputado y por tanto su inmunidad parlamentaria. No obstante, cree que el TJUE no es competente para pronunciarse ya sobre el tema porque la sentencia del procés conllevó la anulación de su mandato.