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En la tercera jornada del juicio, interrogatorio también para Joaquim Forn. El que fuera ex conseller de Interior, responsable político de los mossos de escuadra. Forn sí ha respondido al fiscalía y ha entrado en las acusaciones concretas.Reconoce que promovió políticamente el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero niega haber ordenado a los mossos que mirarán ese día para otro lado.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y al ex director general de la entidad, Adolf Todó, en el caso de los sobresueldos abonados en 2010 a la antigua cúpula de esa entidad bancaria. El tribunal ha absuelto también a los otros 39 miembros del Consejo de Administración que estaban acusados, entre los cuales estaba el presidente de Enagás, Antoni Llardén, que entonces era vicepresidente segundo de aquella caja.

Las acusaciones del juicio del 'procés' atribuyen a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del Supremo hasta cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal. Los dos primeros son los que suponen penas más altas de cárcel y es ahí donde ha estado la principal discrepancia entre la Fiscalía, que ve rebelión al argumentar que hubo "violencia" y pide penas por este delito que van desde los 16 a los 25 años de prisión. La Abogacía del Estado, en cambio, no cree que se les pueda acusar de rebelión y pide penas de 8 a 12 años por sedición.

La Sala de lo Penal del Supremo es la encargada de juzgar a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del alto tribunal. Está formada por siete magistrados, seis hombres y una mujer. Está integrada por su presidente, Manuel Marchena, que no está adscrito a ninguna asociación judicial al igual que Andrés Palomo; por Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta, que pertenecen a asociaciones consideradas conservadoras; y por Luciano Varela y Ana Ferrer, que están adscritos a una de perfil progresista.

La justicia francesa condena a penas de 5 y 7 años de cárcel a los etarras David Plá e Iratxe Sorzabal, considerados unos de los últimos dirigentes de la banda terrorista. Ambos eran miembros de la delegación de la banda que intentó negociar sin éxito con el Gobierno de España después de oficializar el fin de su actividad armada. Han sido condenados por todos los delitos de los que habían sido encausados, entre ellos el de terrorismo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido a la Fiscalía General del Estado datos sobre abusos sexuales a menores por parte de religiosos. En su escrito, dice que hay alarma social por los casos denunciados en los medios de comunicación. Esta petición coincide con el inicio de un juicio en Lugo contra el fraile de Cebreiro acusado de abusos sexuales a una menor y a otro joven.

Ante la preocupación social por los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia, y cuando el gobierno elabora un anteproyecto de ley de protección a la infancia, el ministerio de Justicia ha decidido pedir a la fiscalía información sobre todas las investigaciones judiciales relacionadas con agresiones a menores en instituciones eclesiásticas.