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Tras Sortu, la otra opción de la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones es la coalición Bildu, donde estarían como independientes. Pero la Fiscalía también baraja la posibilidad de impugnarla. Y lo haría en bloque, no lista a lista. Para evitarlo, Bildu sigue dando pasos y obliga a sus candidatos a rechazar por escrito la violencia. Cada candidato de Bildu debe firmar su compromiso a oponerse con todos los medios a su alcance al uso de la violencia para lograr objetivos políticos. Es el noveno punto de un decálogo que está acatando cada integrante de las listas elaboradas en 350 municipios vascos. Se han autoexcluido 40.000 personas de la izquierda abertzale, apoderados e interventores de marcas ilegalizadas anteriores, e incluso quienes visitan a algún preso en la cárcel. Las listas solo estarían contaminadas si tienen un 20% de cargos destacados de partidos ilegalizados y la Fiscalía sabe que eso no va ocurrir. Por ello, para demostrar el fraude de ley, tirará de nuevo de documentos incautados a ETA, los mismos en los que se basó su informe contra Sortu. Con ellos quieren demostrar que Bildu sustituye a Sortu y que la estrategia ya contemplaba una coalición con los socios del llamado 'Polo Soberanista'. También tendrá en cuenta las reuniones celebradas con la izquierda abertzale para confeccionar las listas. Si se impugnan las candidaturas de nuevo, el debate se trasladará a la sala del 61. Pero esta vez el Tribunal Supremo debería de pronunciarse en dos días y aún quedaría el Constitucional, que tendrá la última palabra.

Los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo han acordado por unanimidad rechazar el incidente de nulidad presentado por la defensa de Sortu contra la declaración de no inscripción del partido en el Registro del Ministerio del Interior "por tratarse de cuestiones ya resueltas" en la resolución que adoptó el pasado 24 de marzo. Este paso era obligatorio para que la formación pudiera presentar un recurso ante el Constitucional. La reunión que han mantenido los magistrados para estudiar la petición de la formación abertzale ha durado unas dos horas. Una vez rechazado el incidente de nulidad, Sortu tiene ahora la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha afirmado este martes que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de abrir juicio oral contra él por las grabaciones en el caso Gürtel es "precipitada y, además, falta de fundamento". Garzón ha hecho estas declaraciones a la prensa antes de impartir en Granada una conferencia sobre derechos humanos y jurisdicción universal. Allí, el juez ha sentenciado: "Yo lo que quiero es que me juzguen ya". El magistrado ha confiado en que con el juicio llegue el momento de la defensa, ya que hasta ahora ha sido "el tiempo de las acusaciones", y ha señalado, en referencia al auto del magistrado instructor de la causa, que no valen "grandes palabras y afirmaciones" cuando éstas están "huecas".

El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la petición de la asociación DVuelta y la plataforma ciudadana Movimiento 140 de suspender, esta vez como medida cautelar, la bajada del límite de velocidad a 110 kilómetros por hora mientras se resuelve el recurso presentado contra esta medida. El recurso presentado el pasado 7 de marzo solicitaba la suspensión cautelar de la norma hasta que se resuelva definitivamente el conflicto jurídico. El auto del Supremo reconoce que la sentencia que se dicte en la causa al final del proceso penal "inevitablemente será posterior al fin de la vigencia de la norma impugnada".

El tribunal, presidido por el magistrado Pedro José Yagüe Gil, asegura que "la hipotética declaración de nulidad de la norma impugnada afectaría, en su caso, a los expedientes administrativos sancionadores o a los procedimientos penales que se hubieran podido incoar en aplicación de la misma". Tras esta decisión, en un comunicado, DVuelta ha recomendado a los conductores que recurran las sanciones por exceder el límite de 110 km por hora y que en ningún caso asuman imputaciones penales por exceder en más de 80 km por hora y menos de 90 km por hora el límite.

El Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de juicio contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel en prisión entre los imputados en la trama de corrupción y sus abogados. En el auto el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, indica que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados con sus letrados constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. "El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que tuvieron internos con sus abogados" y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", se dice en el auto. El juez instructor da, de esta forma, por concluida la investigación para sentar a Garzón en el banquillo, aunque todavía no hay fecha para el juicio.

Francisco Montes lleva en prisión desde 1976 y debería salir en 2021. Es el preso más antiguo de España y ha pedido que le revisen las condenas porque, dice, están mal sumadas. El Tribunal Supremo debía decidir este martes sobre su excarcelación, pero le ha pedido a la Audiencia Provincial que vuelva a sumar antes de tomar la decisión.

En su historial delictivo, intento de robo, tenencia ilícita de armas o tráfico de drogas. Ningún delito de sangre, pero sí cinco intentos de fuga. En total, 24 condenas que su abogado pidió que le fueran acumuladas. La Audiencia de Granada lo rechazó en septiembre y ahora el Supremo le exige más detalles, más datos sobre las condenas, antes de tomar una decisión definitiva.

Para Félix Martín Garcia, abogado de Montes, "algo no va bien cuando un preso común está 35 años en la cárcel y una persona que ha matado salga dentro de seis".

El Tribunal Supremo no ha ordenado la excarcelación de Miguel, como esperaba su familia, que incluso había preparado ya la maleta para ir a buscarle. Insisten en que debería estar libre desde el año pasado y afirman que pedirán el indulto. Su hermana, Encarnación Montes, espera que pueda disfrutar de la vida con sus hijas.

De momento, la Izquierda Abertzale no se ha pronunciado sobre esa decisión, pero sí ha denunciado ante el Supremo las filtraciones del contenido del auto. El PNV cree que Sortu estará de todas formas en las elecciones, mientras que Izquierda Unida espera que el Tribunal Constitucional revoque la decisión del Supremo.

El Tribunal Suprem ha hecho pública la decisión que impedirá que Sortu pueda presentarse a las próximas elecciones. Algo que no comparten siete de los dieciseis magistrados.