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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado favorable en 'Las mañanas de RNE' a la creación de una renta mínima temporal "para no dejar a nadie atrás en este momento excepcional". Garamendi ha insistido en que debe ser algo coyuntural y no una ayuda que permanezca cuando el país empiece a funcionar con normalidad.

Garamendi ha dicho que el dato de paro del primer trimestre es lamentable y por eso ha subrayado que es importante que la actividad vuelva cuanto antes para "evitar más dramas económicos". "El país debería empezar a ponerse en marcha", ha afirmado Garamendi que ha recordado que países como Alemania, Francia o Italia "están ya con la desescalada". "Hay que arrancar de alguna manera, sobre todo pequeños bares y comercios, que si no abren ya, muchos no podrán volver a abrir", ha reiterado. El presidente de la CEOE cree que "nos costará menos ponernos en marcha que en la anterior crisis" porque el origen no ha sido financiero, sino sanitario.

Garamendi ha reconocido que no vamos a tener un verano normal y que todos los sectores relacionados con el turismo "lo van a pasar especialmente mal", como las aerolíneas, los hoteles, las agencias de viaje y la hostelería. En este sentido, ha reclamado al Gobierno que extienda los ERTES más allá del estado de alarma para que no quiebren miles de empresas. Preguntado sobre la posible nacionalización parcial de algunas empresas que reclaman los sindicatos, Garamendi ha recalcado que la salida a la crisis pasa por la actividad privada. "Querer volver a gestiones antiguas me parece una buena reivindicación para el 1 de mayo, pero las veo poco reales y poco inteligentes", ha concluido.

La renta mínima llega acompañada de desavenencias internas en el Gobierno sobre el cómo y el cuándo ponerla en marcha, pero finalmente Moncloa ha dado por zanjada la cuestión. "Las formaciones políticas que componen el gobierno están de acuerdo en la estructura, están de acuerdo en la prioridad y están de acuerdo en los colectivos a abarcar con motivo del ingreso mínimo vital. Lo que se ha planteado en los último días es una cuestión de velocidad de la implantación", ha expuesto la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa par dar cuenta de la gestión del Gobierno ante el coronavirus. | Coronavirus: última hora en directo.

El ingreso mínimo vital podría ponerse en marcha el próximo mes de mayo. Según aseguran fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno, así lo acordaron el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Lo previsto es que el jueves presenten la medida de forma conjunta Iglesias y el ministro de Seguridad Social. Precisamente, José Luis Escrivá ha avanzado en el Congreso que no será una prestación individual, sino que la cobrarán las familias en función de su situación, y entre ellas, unos 100.000 hogares monoparentales.

La posible aplicación de una renta minima y su extensión ha abierto el debate en el gobierno y el enfado de la patronal. El plan de rentas mímimas del ministerio de Seguridad Social podría tardar al menos 3 meses, por lo que Pablo Iglesias insiste en ayudas a colectivos desfavorecidos que constan de 500€ durante 3 meses para familias sin ingresos y monoparentales. María Jesús Montero ha enfriado la posibilidad de su puesta en marcha. Informa David Fernández.

El director del Centro de Política Económica de ESADEToni Roldán, ha defendido la creación de una renta mínima temporal de tres meses para 38 millones de españoles que tendrían que devolver el año que viene sólo aquellos que no haya visto mermada su renta durante la crisis del coronavirus. "Es absolumtamente necesario que el dinero llegue lo antes posible a los ciudadanos. En tiempos como este hay que pensar en gastar primero y preguntar después", ha dicho Roldán, que calcula que esa medida tendría un coste del 1 % del PIB de España.

Oxfam Intermon propone una renta mínima de 590 euros mensuales para cuatro millones de españoles. Según ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Liliana Marcos, responsable de políticas públicas y desigualdad de esta organización, esta ayuda se financiaría con una subida del IRPF y del impuesto sobre patrimonio y asegura que, con ello, se recaudarían 8.000 millones extra.