En los años 90 un fiscal y un juez españoles lograron la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando éste estaba de visita en Londres. El juez de aquella orden internacional de detención fue Baltasar Garzón y el fiscal, Carlos Castresana, quien se muestra pesimista sobre el estado actual del derecho internacional, ya que hoy probablemente no sería posible detener a Pinochet "porque el derecho penal internacional en su aplicación está siempre mediatizado por la política".
La Corte Penal Internacional se creó en 2002 y procesa a personas, no a Estados. Puede juzgar genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión.
"Su activo principal es que es el compendio de todo el derecho penal internacional desde Nuremberg, que fue capaz de crear como consenso entre los Estados. Y es una herramienta muy poderosa", explica Castresana, que añade que "no tiene policía, no puede detener, puede lanzar órdenes de captura, pero si los Estados no colaboran con las investigaciones, que es lo que ha pasado desde 2002, que son renuentes, hemos visto jefes de Estado con órdenes de captura y no han sido detenidos".
